Mientras que las Naciones Unidas en pleno apoyan la paz total en Colombia, En nuestro país la polarización busca el fracaso de la paz total. 

Jhonny Alexis Lizcano L.

Las implicaciones que trae consigo una una paz total sobre la tesis de negociar con todos los actores armados a la deriva de la agenda mediática nacional, en pleno año político y electoral, no solo es riesgosa y contradictoria, sino peligrosa y sustancialmente inconsistente para un gobierno que pregona el cambio.

Los más recientes acontecimientos sobre los presuntos sobornos a criminales para acceder a la ´Paz Total´ por parte del hijo y del hermano del Presidente Petro, cuya investigación ya está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, le han agregado un tinte de incertidumbre e incredibilidad pública a la denominada Paz Total.

No ha sido suficiente las aclaraciones del mandatario al señalar que el único funcionario que goza con el aval para establecer contacto y diálogo con los grupos al margen de la ley es el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Como tampoco la aseveración de que su gobierno «no otorga beneficios a criminales a cambio de sobornos».

Lo evidente mientras la justicia realiza su trabajo e indagación, es que el ambiente político para elegir a los representantes de los cargos ejecutivos y legislativos de los entes territoriales a nivel nacional, ya inició en pleno. Y la denominada Paz Total del Gobierno Petro, estará supeditada al devenir de la agenda programática de los partidos políticos. En particular los de oposición, sumada a la proliferación económica del marketing político y electoral que ya comienza aflorar en el territorio nacional.

No en vano la aparición repentina de la ex congresista Aída Merlano deportada por el gobierno venezolano por delitos electorales, se presenta estratégicamente a la opinión pública colombiana como un auténtico «huracán», para encender el debate sobre el denominado «Clan político mafioso», en referencia a la familiar Char. Y con ello, desviar el debate político y las inconsistencias que en las últimas semanas ha recibido el actual gobierno por parte de sus contradictores, frente a la Paz Total.

Sumado a lo anterior, el panorama que el actual mandatario de los colombianos está enfrentando por causa del paro minero no es el más favorable. Pues tras el reclamo de eliminar los obstáculos burocráticos que impiden la formalización y el reconocimiento de la minería ancestral, también se esconde un fortín mafioso, clientelista y político que durante décadas ha concentrado además a varios actores armados, entre ellos el narcotráfico y el mismo Clan del Golfo. Factor que indudablemente incide en el proceso de paz y en el acercamiento y validación de cualquier pretensión de conversación o acuerdo bilateral, entre los agentes del conflicto colombiano.

Por eso resulta importante reconocer el trabajo adelantado por la comisión negociadora del gobierno colombiano en su cierre de ciclo de diálogo en México con el ELN, al reconocer el estatus político como organización armada y rebelde.

Lo cual abre el camino para que otros grupos al margen de la ley, prosigan el camino de diálogo y conversación de paz en pro de una concertación mutua de cese al fuego. Así como la participación ciudadana, comunitaria y política de sus miembros activos en pro de garantizar un escenario de paz confiable, total y duradera. Al menos durante el ciclo que duré la negociación de la Paz Total del Gobierno del Presidente Petro.