El presidente Petro propuso la realización de una Asamblea Constituyente la cual ha sido rechazada  por la opisiciòn. 

Jhonny Alexis Lizcano L.

En un sistema democrático, los poderes constitucionales son herramientas legítimas para que cualquier soberano pueda subsanar las falencias que conlleva el desgaste de la gobernabilidad. Más aún, cuando el poder está siendo menguado por la oposición y el aparato funcional del Estado. En este caso el legislativo, comienza de manera recíproca a inclinarse por la gobernanza de los intereses privados.

Esa entonces parece ser la vía, que ha contemplado el Presidente Gustavo Petro al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Y pese a la polémica infundada mediáticamente por sus contradictores, la iniciativa es válida constitucionalmente. Pero arriesgada en el plano de la pugna política. Pues algo que ha quedado claro recientemente, es que la derecha colombiana parece por fin haberse unido sin ataduras y resentimientos históricos. Solo con una consigna. Acabar al unísono con las preferencias de la izquierda que representa Petro. Y con ello, desaparecer sistemáticamente cualquier iniciativa social o económica que ponga en riesgo el statu quo. Y por consiguiente, los intereses de la clase dominante y privilegiada en Colombia.

Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente según nuestra Constitución Política Nacional de 1991, puede ser convocada por el Senado de la República o la Cámara de Representantes. Aprobando una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de su injerencia para modificar la carta magna. O en su defecto, estudiar iniciativas estructurales que requieren ser consensadas y aprobadas por el pueblo. Para su propio beneficio y bienestar.

En este caso, el mandatario de los colombianos ha reseñado ocho puntos que a su criterio, deben ser abordados por una eventual Asamblea Constituyente.

El primero, es el cumplimiento del acuerdo de paz. Con la articulación de tres aristas. Reforma agraria, inclusión de territorio a la población abiertamente excluida. Y la verdad como eje de justicia.

La segunda, garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: Agua potable, salud y renta para la población adulta mayor.

La tercera, recuperar los objetivos de la Constitución del 91. En materia de derechos fundamentales y educación pública.

La cuarta, fortalecer la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía.

La quinta, garantizar una política monetaria estable. Manteniendo la independencia del Banco de la República y la priorización del empleo y la producción económica, con vocación social.

La sexta, hacer cumplir la orden constitucional de un ordenamiento territorial. Pues la actual, depende estrictamente de la consagrada en la Constitución de 1886.

La séptima, separar la política de la financiación privada.

Y la octava, llevar al sistema judicial colombiano hacia la verdad y la reparación de las víctimas. Y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia en el territorio nacional.

Lo anterior aunque suene insólito y casi nulo de creer. Son los paradigmas que dice combatir la oposición y la derecha en Colombia. En pro de la defensa de los más necesitados. Pero que en la realidad, son los verdaderos cambios que temen ocurran en el país. Por eso una tentativa Asamblea Nacional Constituyente, podría ser más desafiante y peligrosa que la misma fuerza que representa el actual gobierno.