Ante la JEP han llegado guerrilleros, militares, víctimas, civiles a contar cada uno su verdad. 

Jhonny Alexis Lizcano L.

Más que un simple desacuerdo o desavenencia jurídica y penal, entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los antiguos comandantes de las FARC. La Ley de Punto Final, podría abrir las puertas a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en Colombia. Y con ello, el olvido histórico y la desaparición sistemática de la JEP, como órgano autónomo y legitimo para condenar los delitos atroces en el territorio nacional.

Recordemos que la iniciativa, fue sugerida recientemente por los excombatientes de las FARC y respaldada por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Después de su arribo al país tras purgar una pena en los Estados Unidos. Y consiste en otorgar amnistías generales, para poner fin a las acusaciones penales contra los exguerrilleros y ex paramilitares. Y de esta manera, acabar con la persecución penal y política de los implicados.

Sin embargo y como es natural, se ha generado en el país toda una controversia política más que jurídica, a favor y en contra de la propuesta.

El primero en reaccionar negativamente fue el Magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, señalando que «si los comparecientes siguen con esa idea podrían abrir la puerta a la Corte Penal Internacional (CPI)». Reafirmando además, «que no se pueden amnistiar crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad a la luz del Derecho Internacional Humanitario».

Lo que en el plano práctico sería, retomar nuevamente el lugar que dejó la CPI en Colombia. La cual mantuvo durante 17 años un examen exhaustivo al país, por la presunta imposibilidad de sus instituciones judiciales en juzgar con severidad las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.

Y peor aún. Reconocer entonces en este caso el fracaso de la JEP. Por su imposibilidad e incompetencia, al no poder juzgar los delitos cometidos por los actores tanto armados e intelectuales de la violencia sistemática en el país.

De ahí la importancia de las declaraciones del procurador delegado de intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal. Quien calificó de «aberrante” la propuesta de una ley de punto final, que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). «Pues supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas». Lo que es cierto, constitucional y políticamente. Pues acabaría con la legitimidad de la JEP, y supondría el ascenso descomunal de una nueva violencia, por causa y efecto de la fragilidad institucional del Estado. Al ser sometido nuevamente, por las presiones de poder que implica su silencio y olvido ante la verdad.

El otro asunto y aún más complicado, es a quién puede favorecer la supuesta ley de punto final.

Es evidente. Ahora sí está claro porque los demás actores del sistema judicial colombiano  como la Fiscalía General de la Nación, está empeñada en perpetuar su poder político a conveniencia. Y ha suspendido las investigaciones judiciales, las órdenes de captura, las imputaciones, las acusaciones. Y los llamados a condena, en la búsqueda de la verdad.

Una verdad que a conveniencia de muchos. – Muchos políticos, empresarios, banqueros, terratenientes, latifundistas, periodistas y gente de bien – , puede ser la solución. Pero no la solución de la verdad y la reparación de las victimas del conflicto. Sino la conveniente para ellos mismos, la del olvido.

Un olvido tan canalla, como la Ley de Punto Final promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces Presidente de Argentina, Raúl Alfonsín. Que concedió amnistía judicial a diferentes actores, entre ellos militares y políticos imputados por delitos de desaparición forzada de personas, durante el régimen de la dictadura. Una página imposible de olvidar, que siempre la recordaremos gracias a las «Madres y Abuelas de Plaza de Mayo».