El Tribunal Superior de Bogotá falló de manera tajante en suspender las operaciones del Muelle 13 de Buenaventura,, empresa que aspiraba a seguir usufructuando el mismo para beneficio particular en contra de los intereses del Estado. Es decir se negó en segunda instancia la solicitud de Grupo Portuario, operador a cargo del muelle, de anular la medida.
Argumentan que Grupo Portuario en la tutela, alega que el tribunal está generando un perjuicio a nivel económico afectando a 514 trabajadores al emitir una fallo en primera instancia de la suspensión de la actividad portuaria que se desarrolla en el muelle.
El Grupo portuario tenía el respaldo del anterior gobierno del presidente Duque y estuvo a punto de quedarse con el Muelle 13 y según algunas fuentes presuntamente financiaba a la oposición.
También aseguran que en segunda instancia, no pueden considerarse solicitudes ni hechos nuevos, ya que no fueron objeto de contradicción ni pronunciamiento previo; fallar en este sentido implicaría la vulneración del derecho al debido proceso de los intervinientes en la actuación constitucional.
El Gobierno Nacional anunció la reversión de la infraestructura del Muelle 13 de Buenaventura a manos del Estado, con el objetivo de impulsar las industrias pesquera, naviera y astillera, priorizando el desarrollo sostenible y la modernización del sector portuario.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) identificó desde el año pasado varias irregularidades ambientales en el manejo del Muelle 13. Este organismo, que incluye al Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, concluyó que las operaciones del puerto requerían una licencia ambiental en lugar del plan de manejo ambiental bajo el cual se habían gestionado