Propiedades de un  senador y Gobernador de Norte de Santander ocupadas por las autoridades como consecuencia de que fueron adquiridas con dineros de la corrupción.

Rafael Camargo Vásquez

Bogotá D.C.

La Fiscalía General de la Nación ha puesto bajo la lupa al senador Édgar de Jesús Díaz (Cambio Radical) y al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, al decomisar propiedades que, al parecer, habrían sido adquiridas con fondos provenientes de un contrato irregular para el suministro de material pétreo en el departamento.

Este martes, el ente acusador informó sobre el inicio de un proceso de extinción de dominio que afecta a un total de siete inmuebles avaluados en $3.390 millones. Tres de estas propiedades se ubican en Bogotá, Villa del Rosario y Los Patios y serían del congresista, una del actual mandatario de Norte de Santander y las tres restantes, del contratista Pedro Antonio Silva.

Detalles de la Investigación 

La investigación de la Fiscalía sugiere que las propiedades fueron adquiridas precisamente en el periodo en que se detectaron irregularidades en la celebración, ejecución y liquidación de un contrato para el suministro de materiales pétreos.

El contrato bajo escrutinio fue suscrito en 2009, momento en que William Villamizar ocupaba por primera vez el cargo de gobernador de Norte de Santander. La Fiscalía sospecha que las irregularidades se extendieron en distintas etapas contractuales hasta el año 2012, periodo en el que el hoy senador Édgar de Jesús Díaz ejercía como gobernador.

Un detalle que ha llamado la atención de los investigadores es que el monto de este contrato asciende a $3.700 millones, una cifra muy cercana al avalúo total de los siete bienes incautados. Esta coincidencia es un punto clave en la hipótesis de la Fiscalía sobre el origen ilícito de los fondos.

Medidas Cautelares

Como resultado de las pesquisas, el fiscal encargado del proceso de extinción de dominio logró que se impongan medidas cautelares sobre los siete bienes. Esto implica que, mientras avanza la investigación, las propiedades quedan bajo control de la justicia hasta que se emita una sentencia definitiva que determine si fueron o no adquiridas con dinero obtenido de manera ilícita.

Este caso se suma a los esfuerzos de las autoridades colombianas por combatir la corrupción en la contratación pública y asegurar que los recursos del Estado se utilicen para el bienestar de la ciudadanía. La investigación continuará para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades individuales en este presunto esquema de corrupción.

El senador Édgar de Jesús Díaz (Cambio Radical) fue vinculado al tema de corrupción