La corrupción y el crimen se tomaron la fiscalía de Guatemala, hasta el presidente de ese país, César Bernardo Arévalo de León, rechazó la orden de captura contra la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

Alrededor de 40 países han declarado como «non gratos» a la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, y al jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche, prohibiendo su entrada. Estas naciones los consideran parias de la justicia, señalandolos por presuntamente socavar la independencia judicial y la democracia en Guatemala.

Rafael Camargo Vásquez
Bogotá, Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado una orden directa para prohibir la entrada al país de la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche. Esta drástica medida, anunciada públicamente , es una respuesta contundente a las órdenes de captura emitidas por la justicia guatemalteca contra dos figuras colombianas de alto perfil: el exministro Iván Velásquez y la actual Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo.

Respuesta Firme ante lo que Colombia Califica de «Persecución Política»
La decisión del mandatario colombiano busca ser una enérgica réplica a lo que su gobierno considera acciones sin sustento jurídico y contrarias al derecho internacional por parte del Ministerio Público guatemalteco. El presidente Petro ha calificado públicamente estas acciones como un acto que «obedece al crimen», que «denosta de nuestra gente honesta» y que «se burla de la dignidad nacional».

Con esta determinación, Colombia se suma a una lista de al menos 40 países que han impuesto restricciones de ingreso a Consuelo Porras y otros altos funcionarios del Ministerio Público guatemalteco, quienes han sido señalados por socavar la independencia judicial y la democracia en su nación.

 Acusaciones y Respaldo Internacional Denegado

Las órdenes de detención contra Velásquez y Camargo fueron solicitadas por la FECI, dirigida por Curruchiche, y avaladas por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco. Se les acusa de supuestas irregularidades ligadas al caso Odebrecht en Guatemala, incluyendo delitos como asociación ilícita y obstrucción de justicia. Pese a que Curruchiche (quien figura en la Lista Engel de actores corruptos de EE. UU.) ha defendido la «solidez» de su investigación, Interpol ha confirmado que no emitirá circular roja contra los funcionarios colombianos. Esta decisión se basa en el rechazo de Colombia a la solicitud y en la inmunidad internacional que protege a Velásquez y Camargo, amparada por el Acuerdo de Creación de la CICIG.

La Cancillería y la Fiscalía General de Colombia han rechazado vehementemente las órdenes de captura, tildándolas de «sin sustento jurídico» y parte de una «persecución política». La propia Fiscal Camargo las ha descrito como un «contraataque» a su labor anticorrupción. Por su parte, Consuelo Porras ha respondido a través de sus redes sociales, defendiendo la soberanía de Guatemala y la aplicación de la ley «sin distinción».

La medida adoptada por el presidente Petro no solo intensifica la tensión diplomática entre Colombia y Guatemala, sino que también subraya la creciente preocupación internacional por la erosión de la independencia judicial en el país centroamericano.