Name y Calle, Amenaza Democrática: La Corte Suprema los señala por actuar sin límites, priorizando intereses personales y afectando el bien común. Su libertad representaría riesgo de repetir la apropiación de fondos para vulnerables.

Marisol Montes H.

Un documento de 183 páginas emitido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha desencadenado la captura y detención inmediata de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en el marco del escándalo de sobornos con fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destinados presuntamente a favorecer la aprobación de reformas gubernamentales. La decisión, que profundiza la crisis de confianza en el Congreso, ha sido calificada de «necesaria» por la mayoría de los magistrados, quienes advierten sobre el «peligro para la comunidad» que representan los implicados.

La resolución, avalada por los magistrados Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Augusto Reyes y Misael Rodríguez, con salvamento parcial de voto de Cristina Lombana y Héctor Alarcón (4-2), argumenta que la gravedad de las pruebas y el riesgo de reiteración delictiva justifican la detención. La Sala de Instrucción señaló que la «fuerza política» de Calle, que lo llevó a la presidencia de la Cámara, y la reciente elección de Name como presidente del Senado, con apoyo de todos los partidos, evidencian un «riesgo de reiteración de la conducta» y un «peligro para la comunidad».

El documento judicial detalla que tanto Name como Calle habrían incurrido en conductas que «impactaron negativamente el sistema democrático del Estado», actuando «sin ningún límite, para afectar el bien común en procura de la satisfacción de sus propios intereses y apetencias». La Sala consideró que la apropiación de dineros destinados a la población vulnerable representa un «desvalor ético social» y que, en libertad, los congresistas podrían «incurrir en las mismas infracciones punibles».

Las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen testimonios y documentos, revelan un presunto esquema de corrupción en el que Name habría recibido 3.000 millones de pesos y Calle 1.000 millones, a cambio de agilizar la aprobación de reformas gubernamentales. Los fondos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas en las elecciones locales y regionales de 2023.