Carlos Ramón González, quien ocupó los más altos cargos del gobierno es denominado en el entramado de la corrupción como «El Jefe», quien ordenaba a quienes se premiaba con fabulosas cifras de dinero estatal.
Javier Sánchez
Bogotá, Colombia.
La Fiscalía General de la Nación ha señalado directamente a Carlos Ramón González, una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro, como el presunto cerebro de un esquema de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las acusaciones, que ya derivaron en la imputación de cargos, se ven robustecidas por las revelaciones que involucran a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en el epicentro de un escándalo que expone una profunda trama de corrupción, extendida a lo largo de los últimos cuatro gobiernos. Se teme que la magnitud real del desfalco de los dineros públicos, sistemáticamente desviados para pagar dádivas, comprar conciencias y asegurar apoyos en el Congreso, así como para el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios, nunca será completamente conocida.
Este entramado revela como recursos vitales para la gestión de emergencias y desastres fueron presuntamente instrumentalizados para fines políticos y personales, dejando al descubierto una red que trascendería administraciones y que, según las investigaciones en curso, utilizaba la entidad como caja menor para intereses particulares.
Hombre de Confianza a Acusado de Corrupción
González, quien ocupó cargos de alta relevancia como director del DAPRE y, posteriormente, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –demostrando la profunda confianza del presidente–, ahora enfrenta cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. A pesar de su férrea defensa y su declaración de inocencia, la Fiscalía lo ubica en el epicentro de una trama que habría desviado millonarios recursos públicos.
Según las investigaciones del ente acusador, y las explosivas declaraciones de exfuncionarios clave como Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla (exsubdirector de la UNGRD), Carlos Ramón González habría sido el encargado de impartir las directrices para la repartición de contratos por un valor de 70.000 millones de pesos durante 2023. Estos fondos, se presume, estaban destinados a la compra de apoyo político para las cruciales reformas del Ejecutivo en el Congreso, incluyendo pagos de sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en octubre de 2023.
Las «Pruebas» de la Fiscalía
El rol de la exconsejera Sandra Ortiz adquiere una dimensión crucial en este entramado. La Fiscalía ha presentado videos que mostrarían a Olmedo López y a la propia Sandra Ortiz en un espacio de la Presidencia, instantes antes de una reunión con Carlos Ramón González, donde, supuestamente, se habría pactado la entrega de los sobornos. Sneyder Pinilla, en sus declaraciones a la Fiscalía, ha sido enfático en señalar a Ortiz como la «mensajera» que, en «taxis» de dinero, transportaba los presuntos sobornos desde la UNGRD hacia el Congreso,donde era acompañado por algunos funcionarios entre ellos, a quien denominaban su «novio» siempre con la supuesta coordinación de González.
Además de los testimonios, la Fiscalía sostiene tener conversaciones y otros elementos probatorios que vinculan directamente a González con estas presuntas gestiones ilícitas, reforzando la tesis de que él era el articulador principal de la red.
Riesgo de Fuga
La Fiscalía ha solicitado una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Carlos Ramón González, argumentando riesgo de fuga y una posible obstrucción a la justicia. Durante las recientes audiencias (principios de junio de 2025), la Fiscalía alertó que González podría encontrarse en Managua, Nicaragua, basándose en análisis de conexión a audiencias y reportes de Migración Colombia, una información que contrasta con su declarado domicilio en Bogotá. La audiencia para definir su situación jurídica ha sido aplazada.
La imputación de cargos y las graves acusaciones contra Carlos Ramón González, dada su estrecha relación personal y política con el presidente Petro, representan un duro golpe para el actual gobierno. El caso ha desatado un intenso debate público sobre la transparencia y la probidad en la administración de Gustavo Petro. Es imperativo recordar que Carlos Ramón González mantiene su declaración de inocencia y el proceso judicial sigue su curso, a la espera de las decisiones de la justicia.
Asilo político
Actualmente, hay fuertes indicios y reportes periodísticos, apoyados por afirmaciones de la Fiscalía colombiana, que sugieren que Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua. Sin embargo, la información sobre un asilo diplomático formal y, más aún, una supuesta contraprestación con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sigue siendo parte de rumores y especulaciones, no de hechos confirmados oficialmente.
La Fiscalía colombiana, durante las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, ha afirmado tener indicios (basados en rastreos de conexiones a audiencias virtuales desde Managua) de que Carlos Ramón González está en Nicaragua.
Aunque se habla de que estaría «refugiado» o «en condición de protegido» bajo el régimen de Daniel Ortega, no hay una confirmación oficial por parte del gobierno nicaragüense ni del colombiano sobre un asilo diplomático formal. La palabra «asilo» se menciona en algunos titulares especulando sobre su búsqueda, pero no como un hecho consumado y anunciado oficialmente por los gobiernos.
Empresario de la Política
Las acusaciones contra Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD no son un hecho aislado. Desde hace años, al exdirector del DAPRE y la DNI se le señala como un «potentado» que habría amasado una gran fortuna «a la sombra de la política».
Investigaciones periodísticas apuntan a que González habría usado fundaciones como Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia, ligadas a su círculo, para obtener millonarios contratos estatales. La sospecha sugiere un uso estratégico de la personería jurídica del Partido Verde para consolidar su poder político y económico.
Durante la alcaldía de Claudia López, el concejal Daniel Briceño denunció un presunto «roscograma» en la Secretaría de Integración Social, con contratos de comedores comunitarios a fundaciones vinculadas a González que se habrían incrementado «exponencialmente». Coincide que Margarita Barraquer, secretaria clave en esos contratos, luego fue asesora del DAPRE bajo González.
Con un patrimonio reportado superior a los $12 mil millones de pesos en 2023, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) habría detectado movimientos de dinero «sospechosos» en sus cuentas, especialmente tras el escándalo de la UNGRD. Aunque González insiste en su inocencia, las denuncias magnifican un presunto patrón de manejo de dineros públicos para beneficio personal.
Olmedo López, quien ocupaba la dirección de la UNGRD, fue llamado «El Repartidor»,era quien autorizaba la entrega de dineros estatales.
Sneyder Pinilla, se desempeñaba como subdirector de la UNGRD, era conocido en la entidad como «El Pagador», llevaba los dineros de la corrupción a domicilio.
Sandra Ortíz, quien ocupó la Consejería de Regiones en la presidencia de la República, era conocida como «La Mensajera», llevaba los dineros al presidente del Congreso, Iván Name, actualmente privado de la libertad en La Picota.