Momento en que el presidente Petro reunió a Laura Sarabia y Armando Benedetti, para que cesaran el enfrentamiento que sostenían. Hoy a revivido las acusaciones y será la justicia que dirá la última palabra.

Javier Sánchez L.

La tregua, efímera, se ha roto. Laura Sarabia y Armando Benedetti, dos figuras clave del gobierno de Gustavo Petro, han reavivado su confrontación ante la justicia, desatando una nueva tormenta política que sacude los cimientos del poder. Lo que el presidente Petro intentó calmar, ahora resurge con fuerza, impulsado por la entrega de nuevos audios a la Fiscalía General de la Nación, audios sobre los cuales aún se desconoce su contenido.

El enfrentamiento, que desde sus inicios ha capturado la atención mediática, se intensifica con acusaciones mutuas y revelaciones que involucran presuntas irregularidades. Sarabia, quien ha interpuesto denuncias penales contra Benedetti, afirma haber entregado a la Fiscalía grabaciones y conversaciones adicionales, solicitando ser escuchada para ampliar la investigación.

Las pesquisas de la Fiscalía se centran en las declaraciones y audios ya conocidos, así como en aquellos que permanecen inéditos. El impacto político es innegable, generando debates y controversia en el país.

Para evitar suspicacias, Sarabia solicitó ser apartada de las investigaciones en la Cancillería contra Benedetti, petición que fue atendida por el presidente Petro, quien nombró a una ministra ad hoc.

Las acusaciones que pesan sobre ambos son de gravedad:

Armando Benedetti: Se investigan posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos, presuntos actos de corrupción durante su etapa como senador, insinuaciones de financiación irregular en la campaña presidencial de Petro y acusaciones de violencia de género.

Laura Sarabia: La investigación inicial surgió por el uso de polígrafo contra Marelbys Meza, su ex niñera. A esto se suma la investigación por el presunto uso ilegal de interceptaciones telefónicas.

El presidente Petro, ante esta situación, ha reconocido la gravedad de las acusaciones y la necesidad de investigaciones exhaustivas. Ha expresado su preocupación por el impacto en su gobierno y la estabilidad del país, insistiendo en que se respeten los procesos legales y ofreciendo su colaboración a las autoridades judiciales.