Israel ha tratado a la población de Gaza como infrahumana, negándoles derechos y dignidad, lo que Amnistía Internacional interpreta como una intención de destrucción física. Esta horrenda escalada de violencia exige un cambio drástico en la respuesta de la comunidad internacional.
Internacional
La comunidad internacional observa con creciente alarma la devastadora crisis en Gaza. Ante las contundentes acusaciones de genocidio, las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI) han activado sus mecanismos, buscando respuestas y rendición de cuentas en un conflicto que desborda las fronteras de la diplomacia tradicional. Es crucial entender el rol diferenciado de cada organismo: la ONU, como foro político y diplomático, y la CPI, como tribunal penal independiente para individuos, complementándose con la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que dirime disputas entre estados.
La ONU: Voz Global por la Paz
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus diversos órganos, ha desplegado un entramado de resoluciones, declaraciones y mecanismos de derechos humanos para monitorear y abordar la crítica situación en Gaza.
Esfuerzo Frenado por los Vetos
El Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), máximo órgano en materia de paz y seguridad, ha intentado en múltiples ocasiones aprobar resoluciones que exigen ceses al fuego, acceso humanitario sin restricciones y la protección urgente de civiles. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos han sido sistemáticamente vetados, principalmente por Estados Unidos, lo que ha generado frustración y críticas sobre la parálisis del Consejo ante una crisis humanitaria de esta magnitud.
A pesar de los obstáculos, la Resolución 2728, adoptada el 25 de marzo de 2024, representó un avance significativo al demandar un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán, con la expectativa de que conduzca a un cese de hostilidades sostenible. Esta resolución también enfatizó la liberación incondicional de todos los rehenes y la urgente necesidad de expandir el flujo de asistencia humanitaria hacia Gaza.
Clamor Colectivo
La Asamblea General de la ONU (AGNU), que representa a todos los estados miembros, ha emitido resoluciones de gran peso político, aunque sin el carácter legalmente vinculante de las del CSNU. Estas resoluciones han sido contundentes al demandar un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente, el fin del prolongado bloqueo a Gaza, la apertura de todos los cruces fronterizos y la garantía irrestricta de que la ayuda esencial llegue a la población civil palestina. La AGNU también ha condenado enérgicamente el uso del hambre de civiles como arma de guerra y la denegación ilegal del acceso humanitario.
El Ojo Crítico
Diversos organismos de derechos humanos de la ONU han jugado un papel fundamental en la documentación y denuncia de las atrocidades:
- La Comisión de Investigación (COI) sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel ha publicado informes detallados. Estos documentos evidencian la destrucción sistemática de infraestructura civil en Gaza, la comisión de crímenes de guerra y la posible perpetración del crimen de lesa humanidad de exterminio. La COI ha ido más allá de la mera documentación, solicitando acciones concretas, incluyendo embargos de armas y sanciones.
- Expertos y Relatores Especiales de la ONU han emitido alertas continuas sobre la catastrófica situación humanitaria y las graves acusaciones de genocidio, exhortando a los estados miembros a cumplir con sus obligaciones internacionales en la prevención de atrocidades masivas.
El Genocidio en el Banquillo
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, se ha convertido en un escenario crucial para las acusaciones de genocidio contra Israel.
El Histórico Caso Sudáfrica vs. Israel
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda sin precedentes contra Israel ante la CIJ, acusándolo de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Este movimiento legal puso el foco internacional en la conducta de Israel bajo la lupa del derecho internacional humanitario.
Medidas Provisionales Vinculantes
El 26 de enero de 2024, la CIJ dictó medidas provisionales de carácter vinculante, un paso legal significativo. Estas medidas ordenaron a Israel que tomará todas las acciones a su alcance para:
- Prevenir la comisión de actos genocidas contra los palestinos en Gaza.
- Asegurar que sus fuerzas militares no cometan actos genocidas.
- Prevenir y castigar la incitación pública al genocidio.
- Garantizar la prestación de asistencia humanitaria básica y urgente.
- Preservar la evidencia de posibles violaciones de la Convención sobre el Genocidio.
Para marzo de 2024, la CIJ emitió nuevas medidas provisionales, respondiendo a la inminente hambruna en Gaza y ordenando a Israel garantizar el suministro de alimentos básicos sin demora.
Persiguiendo la Responsabilidad Individual
La Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal penal independiente con jurisdicción para investigar y juzgar a individuos por los crímenes más graves de trascendencia internacional, ha tomado acciones de alto impacto.
Solicitudes de Órdenes de Arresto
La Fiscalía de la CPI mantiene una investigación formal sobre la situación en Palestina desde marzo de 2021, abarcando crímenes presuntamente cometidos en los territorios palestinos ocupados desde junio de 2014, y extendiéndose para incluir la escalada de hostilidades posterior al 7 de octubre de 2023.
El 20 de mayo de 2024, el Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, anunció una acción que sacudió la esfera política internacional: la solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza. Simultáneamente, Khan solicitó órdenes de arresto contra líderes de Hamás, incluido Mohammed Deif, por crímenes similares.
La Cuestión de la Jurisdicción
La CPI ha afirmado su jurisdicción territorial sobre Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. No obstante, Israel rechaza esta jurisdicción, argumentando que no reconoce la autoridad de la CPI y no es un Estado miembro del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
Una Lucha por la Existencia
Los palestinos y un vasto coro de organizaciones de derechos humanos sostienen que las acciones de Israel en Gaza y en los territorios ocupados constituyen crímenes de lesa humanidad y, en muchos casos, actos que encajan en la definición de genocidio. Para ellos, la ofensiva israelí tras el 7 de octubre no es meramente una respuesta a Hamás, sino una campaña con objetivos más profundos:
- Denuncian la masividad de muertes civiles (con un número desproporcionado de mujeres y niños), la aniquilación sistemática de barrios enteros, la devastación de infraestructuras vitales (hospitales, escuelas, sistemas de agua y saneamiento), y la imposición de un asedio brutal que restringe severamente la entrada de ayuda humanitaria. Estas condiciones, argumentan, están deliberadamente diseñadas para hacer Gaza inhabitable, empujando a la población hacia la hambruna, las enfermedades y la desesperación.
- Las órdenes de evacuación y los ataques continuos han provocado el desplazamiento forzado de más del 90% de la población de Gaza. Esto, sumado a la demolición de hogares y la expansión de asentamientos en Cisjordania, es percibido como un intento deliberado de erosionar su conexión histórica y demográfica con la tierra.
- Subrayan declaraciones de altos funcionarios israelíes que, a su juicio, deshumanizan a los palestinos o abogan por su «eliminación» o expulsión, considerando este lenguaje crucial para establecer la «intención» específica requerida en la definición legal de genocidio.
- Señalan la destrucción de instituciones educativas, culturales y religiosas, y la imposición de restricciones que, en su perspectiva, buscan socavar la identidad colectiva y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y un Comité Especial de la ONU han emitido informes que concluyen que las acciones de Israel son consistentes con actos de genocidio, o que existen motivos suficientes para una investigación formal. La demanda de Sudáfrica ante la CIJ ha elevado estas denuncias a un plano jurídico internacional de primer orden.
El implacable ataque de Israel contra Gaza ha cobrado la vida de decenas de miles de palestinos, erradicando familias y barrios enteros, y desatando una catástrofe humanitaria sin precedentes al desplazar forzosamente a 1.9 millones de personas.
Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, Israel ha cometido actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio en Gaza, con la intención específica de destruir a la población palestina. El informe detalla la matanza masiva, las lesiones graves y el sometimiento a condiciones de existencia diseñadas para su destrucción física.
Las calles y viviendas palestinas en Gaza muestran una destrucción generalizada, evidencia de los ataques brutales de Israel. La devastación visual es un testimonio desgarrador del impacto inmenso y generalizado de la ofensiva militar.