William Iván Mejía Torres
La autonomía fiscal de las regiones o la descentralización para garantizar la autonomía regional, es una figura contemplada desde la Constitución de 1991. Originalmente se había establecido que el 46 % de los Ingresos Corrientes de la Nación – ICN (impuestos y excedentes de las empresas como Ecopetrol) fuera distribuido entre todos los departamentos, de esta forma, se pretendía fortalecer un sistema político administrativo, con mayores niveles de independencia y así operó cerca diez años, sin embargo, los problemas crónicos de nuestra sociedad (corrupción y clientelismo) llevaron al país a una crisis financiera, que amenazaba la sostenibilidad fiscal y la capacidad de endeudamiento. Aspectos que afectaron la calificación del riesgo país y el precio del dólar.
Para corregir el problema causado por la corrupción y el clientelismo regional, el Congreso de la República centralizó varias políticas, entre ellas, salud y educación. Limitó el SGP al 24% de los ICN, con algunas, pequeñas variaciones, así se mantuvo durante los últimos 20 años. Situación que cambió luego de ser aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes en días pasados la reforma al SGP. Ahora deberá el congreso emitir un texto conciliado que pase a sanción presidencial. Se resalta que la mayoría de los economistas destacados que incluye varios exministros de hacienda consideraron inconveniente modificar el SGP.
Considero que modificar el SGP para que las regiones reciban mayores recursos y con ellos financiar las políticas públicas de sus territorios es deseable, pues desde la teoría, ofrece mayores posibilidades a los gobiernos departamentales para promover el desarrollo con mejores índices de identidad en las necesidades de las personas que los habitan. Sin embargo, no se puede olvidar que seguimos siendo parte del selecto CLUB DE PAISES MÁS CORRUPTOS DEL MUNDO, en donde se compran votos, se transan sanciones de tránsito con los agentes, nos pasamos el semáforo en rojo, no recogemos las heces de nuestras mascotas y por supuesto compramos carrotanques dañados para llevar el agua a los niños de la guajira, compramos congresistas para que nos aprueben cupos de endeudamiento, solo por mencionar algunas de las practicas recientes de corrupción; sin olvidar los billonarios hallazgos fiscales de la Contraloría General de la República – CGR.
Precisamente la Autonomía Fiscal de las Regiones promovida por el acto legislativo recientemente aprobado, no contempla con claridad como se fortalecerán los sistemas de control fiscal especialmente en las regiones, lo que desde ya se constituye en un riesgo, pues claramente al paso que se fortalecen las regiones y se reconoce su capacidad técnica que ha incrementado ostensiblemente desde 1991 a la fecha; se combinan los mecanismos de descentralización con un sistema de compras públicas más transparente y democrático. No es menos cierto que en varias ocasiones se ha dicho que las Contralorías Departamentales son un saludo a la bandera e incluso han sonado voces que promueven a su eliminación. Esta es una discusión abierta, que incluso recientemente llevó al congreso un proyecto de acto legislativo.
El Control Fiscal en las regiones debe ser el tema a estudiar por la sociedad colombiana, como docente de esta materia en Posgrados de algunas universidades del país, soy consciente que la autonomía regional para ordenar mayores niveles de gasto debe estar directamente relacionada con el fortalecimiento de las competencias y capacidades técnicas de las Contralorías Departamentales, y de la participación ciudadana para identificar y denunciar los actos de corrupción. Por último, la capacidad del Estado para responder de forma eficiente a estas denuncias con el fin de adoptar la medidas preventivas en materia disciplinaria, fiscal y penal. Una sociedad que se autocontrola es una sociedad que está en condiciones de ser autónoma. ¿estamos listos?