El CTI capturó al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, en una sorpresiva operación realizada justo cuando ingresaba a la sede municipal. El mandatario fue trasladado a Bogotá para responder por presuntas irregularidades y exigencias ilícitas relacionadas con licencias de construcción.

Luis Eduardo Romero

Región 

En una operación que ha sacudido los cimientos políticos de Boyacá, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron efectiva hoy, 7 de mayo de 2026, la captura de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, actual mandatario de Villa de Leyva. El arresto se produjo en las primeras horas de la mañana, en un acto cinematográfico justo cuando el burgomaestre se disponía a ingresar al palacio municipal para iniciar su jornada de despacho.

Licencias, presiones y «coimas»

La investigación, bajo la égida de la Dirección Especializada contra la Corrupción, rastrea una serie de irregularidades de extrema gravedad en la expedición de licencias para proyectos urbanísticos. Según el ente acusador, el acervo probatorio —que incluye interceptaciones, notas de voz y registros de reuniones— sugiere que Gamboa habría instrumentalizado su cargo para realizar exigencias ilícitas a una empresa inversora:

El mandatario habría exigido la vinculación de un allegado de su entera confianza dentro de la nómina de la firma interesada.

Posteriormente, habría presionado para obtener un incremento en la remuneración de dicho trabajador.

Como condición final para destrabar los permisos de construcción, presuntamente solicitó una cuantiosa suma de dinero en efectivo.

El escenario judicial

Gamboa Chaparro fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde comparecerá ante un juez de control de garantías. El pliego de cargos que enfrentará incluye:

Concusión: Por el presunto uso del poder público para constreñir a particulares a cambio de beneficios personales.

Prevaricato por acción: Al haber emitido, presuntamente, actos administrativos manifiestamente contrarios a la ley para favorecer intereses privados.

Una administración bajo la lupa

Este no es el primer nubarrón jurídico que ensombrece la gestión de Gamboa. A principios de 2026, el mandatario fue vinculado a un proceso por presunta violación al régimen de «inhabilidades e incompatibilidades», derivado de un contrato suscrito en 2024. Aunque en declaraciones previas a medios el alcalde sostuvo que dicha contratación nunca se ejecutó y que su transparencia era absoluta, la realidad hoy es distinta.

La captura de Gamboa marca un punto de inflexión para uno de los municipios turísticos más emblemáticos de Colombia, que hoy despierta con la noticia de su máxima autoridad bajo custodia judicial y una institucionalidad en vilo mientras se define su situación jurídica.