Caminar, trabajar o vivir en los barrios de Bogotá se convirtió en una ruleta rusa por culpa de los atracos y extorsiones que tienen arrinconada a la ciudadanía. Frente a este terror diario, la sensación de abandono es total ante unas autoridades civiles y policiales que brillan por su inacción.

Juliàn Orozco

Bogotà D.C.

La luz gris de las seis de la mañana cae sobre Bogotá como un telón pesado. A esta hora, la capital colombiana no despierta; más bien, reanuda su vigilia de supervivencia. Por donde se la mire, la ciudad que alguna vez pretendió ser un faro cultural y de progreso hoy arrastra los pies, convertida en un escenario donde el caos total se normalizó y la dignidad humana parece haber sido desalojada. Bogotá, la de todos y la de nadie, ha empezado, sencillamente, a «dar lástima».

«La ley del miedo»

Caminar por cualquier calle, tomar un transporte o abrir un negocio en un barrio popular se ha vuelto un acto de fe, o mejor, una ruleta rusa. La seguridad está en el piso. El terror ya no es una noticia lejana en el televisor; es un vecino incómodo que convive a diario con el ciudadano de a pie.

Las extorsiones a los comerciantes, los atracos a plena luz del día y un sinnúmero de delitos silenciosos pero feroces tienen a los bogotanos arrinconados en sus propias casas. La sensación de orfandad es absoluta. Mientras el miedo patrulla las esquinas, las autoridades civiles y policiales parecen no existir, desvanecidas en una preocupante inacción.

«El paquete chileno»

En el Palacio de Liévano se suponía que habitaba la solución, pero el desencanto llegó rápido. Para muchos ciudadanos, el alcalde Carlos Fernando Galán resultó ser un auténtico «paquete chileno»: pura envoltura y nada de gestión real. La percepción pública es que su existencia solo se hace notar cuando decide usar los micrófonos para atacar y denigrar del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro.

En lugar de tejer una coordinación institucional urgente para salvar a la capital de la delincuencia, la agenda distrital parece secuestrada por los hilos del rencor político. El odio y la envidia partidista, alimentados desde el entorno familiar del mandatario local, han dinamitado los puentes con la Casa de Nariño. Mientras el barco se hunde, los gobernantes prefieren pelear por el control del timón. Las prioridades parecen estar en otra parte: en retiros espirituales políticos y en calcular cómo pavimentar el camino de la candidata presidencial del Nuevo Liberalismo, un movimiento histórico que terminó entregado, sin pudor, a las huestes del cuestionado expresidente Álvaro Uribe.

«El infierno de la movilidad»

Abajo, en la calle, la realidad muerde. Los trancones ya no tienen hora pico; son una constante masa inmóvil de metal y desespero. Ante el colapso, la desesperación ha desatado la anarquía: las motocicletas y los ciclistas, buscando una vía de escape, han invadido los andenes peatonales, dejando a su paso accidentes frecuentes y transformando el espacio del peatón en una pista de carreras de alto riesgo.

La raíz de esta locura sobre ruedas está en el subsuelo del sistema de transporte masivo. TransMilenio —que a la sombra parece seguir bajo el libreto eterno de Enrique Peñalosa— se ha convertido en un auténtico purgatorio. Es un medio donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de los usuarios: humillaciones, empujones, demoras crónicas y una dignidad pisoteada que ninguna entidad distrital se atreve a defender.

Lejos de exigir el cumplimiento estricto de los contratos a los operadores privados, la Alcaldía y el Concejo Distrital actúan como sus benefactores. En una acción conjunta que levanta serias dudas éticas, el Distrito prefiere inyectarle auxilios financieros que ya no se cuentan por millones, sino por billones de pesos extraídos de los impuestos de los mismos ciudadanos que viajan «como ganado».

Para rematar el panorama, el proyecto del autodenominado «Metro» —un sistema elevado que apenas se levanta unos cuantos centímetros del suelo en sus frentes de obra— nace herido de muerte en su concepto. No se diseñó como la columna vertebral de una metrópolis moderna, sino como un simple alimentador de los buses rojos. Un negocio redondo estructurado, según los sectores más críticos, para seguir enriqueciendo a unos cuantos empresarios privados, funcionarios de turno, concejales y organismos de control que miran hacia otro lado.

«El éxodo hacia las dos ruedas»

Es este pésimo y violento servicio de transporte urbano el que ha empujado a millones de personas a tomar una decisión desesperada: endeudarse para adquirir una motocicleta. No es un lujo, es «una huida». Sin embargo, este éxodo masivo solo ha multiplicado el caos vehicular y ha disparado las cifras de accidentes de tránsito con víctimas fatales. Las calles de Bogotá se han convertido en un cementerio informal de jóvenes que buscaban llegar temprano a sus trabajos.

Al caer la noche, la ciudad apaga sus pocas luces hábiles. Bogotá queda ahí, herida, congestionada, asustada. Con una ciudadanía arrinconada por el crimen y asfixiada por el tráfico, y una dirigencia política más preocupada por los réditos electorales del 2026 y los negocios privados que por el bienestar de los casi ocho millones de almas que habitan este frío caos de cemento.

El colapso vial ha desatado una anarquía donde motos y bicis invaden los andenes ante el eterno trancón de una ciudad sin escape. Todo empeora por un TransMilenio deficitario que maltrata al usuario y un proyecto de metro diseñado solo para seguir enriqueciendo el negocio de los privados.