La Corte Suprema de Justicia citará a indagatoria en los próximos días a la expresidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta. El alto tribunal penal la mantiene bajo la mira por la denuncia formal que cursa en su contra debido al presunto delito de extorsión.
De la cúspide del Congreso al banquillo de los acusados: cómo una polémica maniobra para suspender ilegalmente al jefe de Estado terminó con la carrera de la presidenta de la Comisión de Acusaciones, hoy suspendida por la Procuraduría y a las puertas de una indagatoria penal por presunta extorsión en la Corte Suprema de Justicia.
Javier Sánchez
Política
A la congresista Gloria Arizabaleta, en sus pretensiones de cerrar con broche de oro su gestión como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, «el tiro le salió por la culata». La célula legislativa, que ejerce la alta dignidad de investigar y acusar la conducta judicial y disciplinaria del presidente de la República y de los demás altos funcionarios aforados de la Nación, se convirtió esta semana en el escenario de una de las mayores temeridades institucionales de la historia reciente, sepultando las aspiraciones políticas de quien pretendía pasar a la posteridad con una jugada maestra.
Arizabaleta, exesposa del «aventajado» político valluno Roy Barreras —un auténtico experto en las alta costura de las maquinaciones tradicionales y en saber con precisión matemática «dónde ponen las garzas»—, pareció olvidar las lecciones de la alta estrategia. En sus inicios, su carrera estuvo marcada por la sombra de las grandes alianzas: baste recordar aquella boda de alcurnia en la que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ungió como padrino de nupcias, rodeada por la crema y nata de la clase política tradicional del país, encabezada por la hoy gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Sin embargo, en esta última y arriesgada puesta en escena, la representante no actuó bajo el amparo de sus antiguas huestes. Esta vez, tras bambalinas, se encontraba asesorada en jurisprudencia —y según corrillos políticos, también en «amores»— por el polémico abogado Hollman Ibáñez (a quien sectores de la opinión confundieron inicialmente en el fragor del debate con el nombre de Juan Carlos). Ibáñez, un jurista plenamente identificado con la extrema derecha, conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE) y estrechamente allegado a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, habría sido el verdadero «cerebro» de la operación. La estrategia, según las denuncias que sacuden al poder central, consistía en presionar al jefe del Estado para que cediera a cuantiosas pretensiones burocráticas dentro del gabinete ministerial a cambio de un manto de impunidad; es decir, exonerarlo de las densas investigaciones que cursan en esa corporación, históricamente bautizada por la opinión pública como la «Comisión de Absoluciones».
La jugada, calculada para ejecutarse a escasos días del balotaje presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, dinamitó las bases del derecho constitucional. En un hecho sin precedentes, Arizabaleta radicó a primera hora un auto ordenando la suspensión cautelar del presidente Gustavo Petro por supuesta participación en política, argumentando facultades que ni la Carta Política ni la ley le otorgan, pues dicho fuero pertenece exclusivamente a la plenaria del Senado tras un riguroso juicio político. Al percatarse del monstruoso error jurídico y ante el rechazo unánime del Congreso y el Gobierno, la representante intentó recular horas más tarde mediante una adición para someter la medida al pleno de la comisión, pero el daño institucional ya estaba consumado.
El veredicto de los hechos fue fulminante. El presidente Petro, desde Nueva York, calificó la maniobra como un abierto esquema de chantaje: «Estamos ante una extorsión. Quiero que mis ministros confiesen ante la Corte Suprema qué peticiones exactamente pedía», sentenció con severidad el mandatario, vinculando directamente la asesoría de Ibáñez con una confabulación de la oposición radical orientada a desestabilizar al Ejecutivo en el momento más crítico de la contienda electoral.
Hoy, la realidad política de la congresista es desoladora. La Procuraduría General de la Nación actuó de oficio y la suspendió provisionalmente de su cargo por presunto prevaricato, impidiéndole terminar su periodo legislativo que expiraba el próximo 20 de julio. Hasta allí, el costo político podría catalogarse como el fin de una cuestionable estrategia de poder. Lo verdaderamente grave, sin embargo, transita ahora por los pasillos penales: Arizabaleta deberá enfrentar una investigación formal por el delito de extorsión ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, corporación que ya inspeccionó sus oficinas y citará a los ministros del despacho en calidad de testigos.
En definitiva, en el tablero de la alta política criolla, Gloria Arizabaleta fue por «lana y salió trasquilada», dejando su nombre grabado en las páginas de la crónica judicial del país.
La representante Gloria Arizabaleta fue suspendida por la Procuraduría tras intentar suspender ilegalmente al presidente Petro, una maniobra presuntamente diseñada junto al abogado Hollman Ibáñez para exigir prebendas burocráticas. Ahora, la congresista enfrenta una investigación penal por extorsión ante la Corte Suprema, quedando fuera del Congreso antes de vencer su periodo.