Martha Peralta Epieyú, senadora de la Repùblica

Rafael Camargo Vàsquez

Primicia Diario

l que sacude al Congreso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de detención preventiva y ordenó la libertad inmediata de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú. La determinación del alto tribunal se materializó este lunes 22 de junio de 2026, coincidiendo con la culminación de sus diligencias de indagatoria por el polémico escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El origen de una retención excepcional

La parlamentaria guajira permanecía privada de la libertad desde el pasado jueves 18 de junio, fecha en la que la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, ordenó su conducción mediante la Policía Nacional.

El desarrollo de este aseguramiento institucional se rigió bajo los siguientes aspectos:

• Motivo de la conducción: La severa medida se aplicó luego de que la senadora Peralta solicitara de manera consecutiva el aplazamiento de dos citaciones previas ante la justicia.

• Custodia en la Dijín y domicilio: Con el fin de garantizar la continuidad de las audiencias, el tribunal dispuso una restricción transitoria, manteniéndola bajo custodia en su residencia y en las celdas de la Dijín durante los últimos cinco días.

• Recurso denegado: Frente a la captura, su equipo jurídico intentó interponer un recurso de habeas corpus, el cual fue desestimado en primera instancia por una jueza de Bogotá.

El supuesto peaje de las reformas en La Guajira

Pese a recobrar su libertad, la congresista continuará formalmente vinculada a la investigación penal. La Corte Suprema avanza en la recolección de pruebas para evaluar su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

La hipótesis de la justicia —sustentada en las delaciones de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla— apunta a determinar si Peralta medió de forma ilegal en el direccionamiento de un millonario contrato de maquinaria amarilla por un valor superior a los $2.170 millones en el departamento de La Guajira y Riohacha. Presuntamente, este millonario cupo habría servido como contraprestación para asegurar apoyos legislativos a las reformas del Ejecutivo en el Congreso de la República.

La defensa alega «persecución política» e interferencia electoral

Antes de ingresar al búnker judicial para cumplir con la última jornada de diligencias, Martha Peralta rechazó categóricamente los cargos y calificó el proceso como una «persecución política» orientada a minar la legitimidad de su colectividad.

Tanto la senadora como sus asesores jurídicos insistieron en que siempre ha existido voluntad de comparecer ante la justicia; no obstante, justificaron los contratiempos e inasistencias iniciales bajo el argumento de que el despacho de la magistrada ponente no les había suministrado copias completas de las pruebas recopiladas en el voluminoso expediente de la UNGRD.

Asimismo, en algunos sectores políticos cercanos a la parlamentaria se indicó que la medida restrictiva tenía como trasfondo anular su participación activa en la reciente jornada electoral, donde respaldaba abiertamente al candidato Iván Cepeda en el departamento de La Guajira. Bajo esta lectura, defensores de la congresista señalaron que la justicia intervino directamente en política al frenar su liderazgo en las urnas durante los días clave de la contienda.