La SAE ordenó el desalojo de «Titos Bolos», un valioso predio en el norte de Barranquilla incautado originalmente al clan Nasser Arana por narcotráfico. El inmueble, vinculado a un escándalo de impagos por parte de una comunidad religiosa, será recuperado por el Estado tras años de ocupación irregular.
Barranquilla
Primicia Diario
El proceso de desalojo de la Iglesia Vida Abundante —vinculada a la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia— en la ciudad de Barranquilla, ha desatado un escándalo de proporciones mayúsculas. La trama amalgama deudas millonarias con el erario, activos suntuosos en el extranjero y presuntos nexos políticos que hoy están bajo la lupa de la opinión pública.
El legado de «Titos Bolos»
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha emitido una orden de desalojo perentoria sobre el emblemático inmueble conocido como «Titos Bolos», situado en la estratégica zona norte de Barranquilla. Este predio, de un alto valor comercial, posee un origen turbio: fue incautado al clan Nasser Arana en el marco de procesos de extinción de dominio por actividades de narcotráfico.
De acuerdo con las denuncias de la SAE, la congregación religiosa adeuda una suma superior a los 2.200 millones de pesos por concepto de cánones de arrendamiento incumplidos desde el año 2020. A esta morosidad se suma la acusación de «ocupación irregular», pues la entidad asegura que la iglesia expandió unilateralmente su presencia de dos a cuatro locales, operando sin los contratos ni las autorizaciones legales pertinentes.
Una paradoja transnacional
La controversia ha escalado debido a una evidente contradicción financiera. Mientras la organización alega ante las autoridades colombianas una supuesta falta de liquidez, diversas investigaciones periodísticas han puesto el foco en sus activos en el exterior. Se cuestiona, con especial rigor, la existencia de una lujosa sede en Miami, Estados Unidos, propiedad de la misma organización. Esta situación ha generado una profunda indignación ciudadana, al sugerirse el uso de la figura de «labor social» para evadir obligaciones fiscales en Colombia mientras se mantienen propiedades de alto nivel en el estado de Florida.
Por su parte, el pastor Freyle, líder de la comunidad, sostiene una defensa basada en la compensación. Afirma que la congregación ha invertido más de 2.500 millones de pesos en mejoras estructurales y mantenimiento del predio barranquillero, argumentando, en un giro inesperado, que es el Estado quien mantiene una deuda pendiente con ellos.
La sombra de la política
El expediente ha tomado un matiz político ineludible. Diversos sectores críticos señalan que la entrega y administración de estos bienes estratégicos en periodos anteriores no fue fortuita, sino que respondió a un presunto «intercambio de favores». Se investiga si la cesión del control de estos inmuebles fue una contraprestación por el respaldo electoral masivo de la comunidad religiosa a candidatos del uribismo y sectores afines.
Actualmente, la SAE proyecta subastar el predio por un valor base de 14.000 millones de pesos, con el fin de destinar dichos recursos a programas sociales. No obstante, el proceso se encuentra en un complejo laberinto judicial, enfrentando tutelas y medidas provisionales en los juzgados de Barranquilla que han frenado, por el momento, la recuperación definitiva del patrimonio público.