El Consejo de Estado otorgó amparo al Fondo Rotatorio de la Cancillería, anulando las trabas judiciales que pretendían frenar el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. Esta sentencia ratifica la soberanía administrativa del Estado para avanzar en la modernización del servicio y la implementación del convenio con Portugal.
Los pasaportes realizados entre Colombia y Portugal fueron objeto de la oposición para tumbar la negociación. Hasta se rumoró que con el contrato se pagaría un fraude electoral.
Luis Eduardo Romero
Judicial
En una decisión de trascendencia jurídica para la soberanía administrativa de la Nación, la Sección Tercera del Consejo de Estado otorgó el amparo a los derechos fundamentales del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. La sentencia deja sin efectos las actuaciones judiciales que pretendían obstruir la puesta en marcha del nuevo esquema de expedición de pasaportes en Colombia.
El fallo: «defecto procedimental absoluto»
La máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo, bajo la ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, resolvió una acción de tutela que cuestionaba la legalidad de la admisión de una acción popular promovida por particulares. El Consejo de Estado concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en irregularidades graves al aceptar la demanda sin realizar una verificación mínima de los requisitos legales.
La Sala señaló que el Tribunal aceptó afirmaciones sin constatar la existencia de un «perjuicio irremediable» ni validar que la petición previa hubiera sido presentada correctamente.
Como consecuencia, quedan sin efectos los autos emitidos en febrero de 2026 y todas las actuaciones posteriores dentro de dicho proceso.
El propio Tribunal de Cundinamarca deberá ahora corregir las irregularidades advertidas y revisar su decisión inicial.
Defensa del convenio con Portugal
En paralelo al éxito judicial, la Cancillería respondió a la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación. La entidad reiteró que el convenio suscrito con la Imprensa Nacional – Casa da Moeda de Portugal goza de plena legalidad y se rige por una cláusula de arbitramento internacional para resolver cualquier controversia.
El Fondo Rotatorio aclaró puntos fundamentales sobre la naturaleza del contrato:
El acuerdo se celebró bajo el amparo de la Ley 1150 de 2007, que permite la contratación directa con entidades públicas extranjeras.
El modelo no es una simple compra de libretas; busca la «autonomía nacional» en la materia durante la próxima década mediante la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento institucional.
Se subrayó que la Casa da Moeda es una entidad pública portuguesa, independientemente de que opere bajo reglas de derecho privado.
Éxito en la implementación
Pese a los ruidos procesales, la Cancillería destaca que la transición avanza «con enorme éxito y sin contratiempos». A la fecha, ya se han expedido 14.000 libretas bajo el nuevo sistema. Asimismo, se informó que el contrato anterior con la UT Documentos de Viaje se encuentra terminado y en fase de liquidación.
«Esta decisión judicial exige un análisis riguroso sobre demandas que persiguen fines ajenos a la protección del interés público y los derechos colectivos», puntualizó la Cancillería, reafirmando el compromiso del Gobierno con la modernización tecnológica y la seguridad de los datos de los ciudadanos.
El Consejo de Estado anuló las actuaciones judiciales que frenaban el nuevo modelo de pasaportes, señalando graves fallos procedimentales en el Tribunal de Cundinamarca. La Cancillería ratificó la legalidad del convenio con Portugal, reportando la expedición exitosa de 14.000 pasaportes bajo una estrategia de soberanía nacional y modernización tecnológica.