El magnicidio de Fernando Villavicencio, favorito a la presidencia de Ecuador, fue el resultado de una alianza criminal entre el narcotráfico y sectores políticos que coordinaron su ejecución. La captura de alias «Lobo Menor», las investigaciones apuntan a una conspiración de alto nivel para silenciar sus denuncias sobre la corrupción estatal.

Rafael Camargo Vásquez

Judicial 

La aprehensión de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido bajo el alias de «Lobo Menor», en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, ha marcado un punto de inflexión en la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio. Este operativo, fruto de una estrecha coordinación entre las fuerzas policiales de Colombia y México, no solo representa un golpe a la estructura criminal «Los Lobos», sino que ha reavivado las controversiales acusaciones que pretenden vincular al actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con el crimen.

La caída del estratega operativo en Bogotá

Aguilar Morales, identificado como el segundo al mando de «Los Lobos» e hijastro de su líder máximo, alias «Pipo», fue interceptado tras arribar en un vuelo procedente de México. Al momento de su detención, el sospechoso intentó evadir la circular roja de Interpol mediante el uso de documentos de identidad colombianos falsificados.

Según los expedientes de la fiscalía ecuatoriana, «Lobo Menor» habría sido el cerebro operativo de la célula que ejecutó el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Se le atribuye la coordinación logística de los seguimientos y la administración de un pago cercano al millón de dólares para la ejecución del plan. Asimismo, las investigaciones sugieren que Aguilar gestionó la contratación de sicarios, incluyendo ciudadanos colombianos vinculados a disidencias de las FARC, consolidando así la naturaleza transnacional del atentado.

Un escenario político bajo sospecha

El proceso ha tomado un tinte político explosivo tras las recientes declaraciones de Wilmer Chavarría, alias «Pipo», quien desde su reclusión en España ha sostenido la tesis de una supuesta «orden presidencial». Según el cabecilla criminal, el asesinato habría sido instigado por Daniel Noboa ante el temor de que Villavicencio revelara información comprometedora sobre los intereses empresariales de su familia o triunfara en los comicios.

Chavarría ha ido más allá al señalar un presunto vínculo con el Ministerio del Interior, sugiriendo que la instrucción provino directamente de la Presidencia. Además, ha calificado los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano por extraditarlo como un intento de «eliminación física» para silenciar su testimonio sobre los autores intelectuales del magnicidio.

La respuesta institucional

Desde el Palacio de Carondelet y el Ministerio del Interior, las acusaciones han sido desestimadas y calificadas como una «estrategia de distracción» orquestada por las mafias del narcotráfico. El ministro John Reimberg ha tildado de calumnias las palabras de «Pipo», argumentando que son una reacción desesperada ante la ofensiva militar y policial que el Estado mantiene contra las estructuras criminales.

La Fiscalía de Ecuador, si bien ha vinculado formalmente a los cabecillas de «Los Lobos» como los determinadores del crimen, mantiene las menciones al presidente Noboa en el terreno de los señalamientos delictivos sin que, hasta el momento, hayan sido judicializadas como pruebas fehacientes. El caso permanece en una fase de alta sensibilidad, donde la captura de «Lobo Menor» se perfila como la pieza clave para desentrañar los hilos definitivos de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de la región.

La captura de «Lobo Menor» en Bogotá marca un hito en el caso Villavicencio, asestando un golpe a la estructura de «Los Lobos». Este operativo binacional reaviva las graves acusaciones que  vinculan al presidente del Ecuador Daniel Noboa con la autoría intelectual del magnicidio.

La tesis de una «orden presidencial» de Daniel Noboa, denunciada por alias «Pipo» desde España, ha conferido un cariz político explosivo al magnicidio de Villavicencio. Según el cabecilla criminal, el mandatario habría instigado el crimen para evitar que el candidato revelara información comprometedora sobre sus intereses familiares.

La presidencia de Daniel Noboa ha rechazado de manera tajante las acusaciones de alias «Pipo», calificándolas como una estrategia desesperada de las estructuras criminales para frenar los procesos de extradición y evadir la justicia.