Rafael Camargo Vásquez

Invitagaciones

En un giro radical para la administración pública, el balance final de gestión presentado por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, evidenció una profunda reestructuración operativa y financiera ejecutada entre los años 2024 y 2026.

Luego de los severos escándalos de corrupción que pulverizaron la legitimidad de la institución bajo las administraciones pasadas, la dirección general implementó un plan de choque con resultados contundentes en materia de transparencia fiscal, recuperación de activos y modernización técnica para la atención de contingencias en el territorio nacional.

El pilar central de esta transformación se concentró en el blindaje de las finanzas estatales. A través de auditorías internas de extrema rigurosidad y la suspensión fulminante de contratos que adolecían de soportes técnicos y legales, la entidad logró congelar giros irregulares que superaban los 600.000 millones de pesos, impidiendo un desfalco mayor al erario.

Paralelamente, las acciones judiciales y los procesos de control fiscal derivados del escándalo de los carrotanques permitieron recuperar 10.000 millones de pesos en efectivo, recursos líquidos que regresaron al presupuesto central del Estado y fueron reinvertidos en su totalidad en infraestructura de rescate.

De símbolo de corrupción a flota operativa en las regiones

La reconversión operativa transformó el peor emblema de la venalidad administrativa en un beneficio comunitario tangible. Los 80 carrotanques que permanecían inmovilizados por disputas judiciales y mecánicas fueron reparados y desplegados de manera estratégica en 22 departamentos; a la fecha, esta flota ha distribuido más de 68 millones de litros de agua potable, aliviando las condiciones de vida de más de dos millones de ciudadanos en zonas con desabastecimiento crítico.

En el plano aéreo, el país dio un salto tecnológico con la puesta en funcionamiento de dos helicópteros «Firehawk», aeronaves civiles de alta tecnología dotadas con sistemas de navegación avanzados que facilitan la extinción nocturna de incendios forestales de gran magnitud, una capacidad de respuesta con la que la nación no contaba.

Esta ofensiva de equipamiento se complementó con la adición de dos buques de emergencia diseñados específicamente para el transporte de asistencia humanitaria en litorales fluviales y marítimos del Caribe y el Pacífico colombianos.

En materia de infraestructura y mitigación de grandes riesgos, el informe de Carrillo resalta la aceleración de macroproyectos históricos para las comunidades vulnerables.

El plan de protección costera diseñado para blindar el litoral de Cartagena contra la erosión marítima alcanzó un irreversible 90 % de ejecución, perfilándose hacia su entrega formal. Asimismo, la entidad saldó deudas ambientales históricas en el archipiélago al remover y disponer de forma segura más de 50.000 metros cúbicos de escombros remanentes en la isla de Providencia tras el paso del huracán Iota.

Adicionalmente, se concretó la entrega definitiva de soluciones de vivienda para las familias damnificadas por fenómenos climáticos en Cúcuta y se robustecieron las estaciones de alertas tempranas en las cuencas fluviales de alta peligrosidad.

Tecnología y datos en tiempo real contra los manejos opacos

Para asegurar la sostenibilidad de estas reformas y erradicar definitivamente la fragmentación de datos que propiciaba los desvíos financieros, la dirección general puso en marcha el nuevo Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Esta robusta plataforma tecnológica unifica en tiempo real los indicadores científicos del IDEAM y del Servicio Geológico Colombiano, dotando a los mandatarios locales, gobernadores y organismos de socorro de una herramienta unificada para anticipar catástrofes. Con este ecosistema digital, el Gobierno nacional no solo optimiza la preparación técnica del país ante la crisis climática, sino que edifica un muro de contención definitivo que garantiza la asignación pulcra y verificable de los recursos públicos en momentos de emergencia nacional.