El Ministerio de Transporte y la Superintendencia abrieron una investigación formal contra 37 organismos de tránsito, poniendo en jaque la legalidad de 5.8 millones de fotomultas presuntamente irregulares. La notificación, liderada por la ministra de Transporte, abre la puerta jurídica para una masiva e histórica devolución de dinero a los conductores afectados.

Juliàn Orozco

Transporte

En lo que constituye el mayor golpe institucional contra los abusos en los sistemas de fotodetección en la historia del país, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron la apertura de una investigación formal contra 37 organismos de tránsito en el territorio nacional. La demoledora acción administrativa pone en jaque la legalidad de más de 5.8 millones de comparendos emitidos presuntamente de manera irregular, abriendo la puerta jurídica para una masiva devolución de dineros a los ciudadanos afectados.

El anuncio conjunto revela que las fotomultas bajo la lupa habrían sido impuestas violando los requisitos técnicos y legales indispensables de la normatividad vigente, lo que vulnera el debido proceso de millones de conductores colombianos.

Operaciones al margen de la ley

La exhaustiva investigación adelantada por la Superintendencia de Transporte detectó que decenas de municipios y ciudades capitales pusieron en funcionamiento sus cámaras de fotodetección sin cumplir con las validaciones técnicas obligatorias. El principal argumento de los entes de control radica en la ausencia del «concepto de desempeño» expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento indispensable que certifica la confiabilidad y calibración de los dispositivos.

La Supertransporte identificó tres conductas sistemáticas y alarmantes entre los organismos vigilados:

Sin concepto previo: 12 organismos de tránsito iniciaron la captura de infracciones y la emisión de multas sin contar con el respectivo concepto técnico de desempeño.

Avales ajenos: 7 entidades operaron de manera irregular amparándose en conceptos técnicos que habían sido expedidos originalmente a favor de terceros.

Legalización tardía: 18 dependencias de tránsito obtuvieron la certificación metrológica meses o años después de haber iniciado la operación comercial de los sistemas automáticos.

«Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos», enfatizaron las autoridades al advertir que los comparendos emitidos bajo estas fallas no tienen validez legal.

 El mapa del recaudo y las ciudades más comprometidas

El impacto económico y social de esta intervención es colosal. De acuerdo con el expediente oficial, del universo de 5.8 millones de fotomultas detectadas, un total de 1.582.398 comparendos ya fueron cancelados por los conductores, lo que se tradujo en un recaudo que supera la astronómica cifra de $1.05 billones de pesos.

El informe detalló en su narrativa descriptiva que las mayores irregularidades se concentran en Cali, con 2.7 millones de comparendos bajo investigación; seguida por Medellín, con más de 717.000 expedientes; Bogotá, con cerca de 294.000 casos; y Barranquilla, que registra más de 131.000 fotomultas viciadas.

La lista de entes territoriales requeridos se extiende a secretarías de tránsito de gran flujo vehicular como Soledad (Atlántico), Sabaneta (Antioquia), Montería (Córdoba), Sincelejo (Sucre), Valledupar (Cesar), Villavicencio (Meta) y Villa del Rosario (Norte de Santander).

El impacto jurídico y las devoluciones obligatorias

El panorama financiero que se avecina para las finanzas locales de los municipios investigados es crítico. De confirmarse plenamente las irregularidades en las etapas subsiguientes del proceso administrativo, las consecuencias legales se aplicarán bajo la estricta aplicación de la Ley 2251 de 2022:

Reembolso a los ciudadanos: Los organismos de tránsito que realizaron los cobros indebidos se verán obligados a diseñar mecanismos de restitución para devolver el $1.05 billones recaudados a los conductores que pagaron.

Sanciones del doble del valor: La ley estipula que las secretarías de tránsito responsables deberán responder por multas equivalentes al doble del valor de lo recaudado de forma irregular, lo que elevaría el pasivo de los organismos infractores a una suma superior a los $2.1 billones de pesos.

Revocatoria de deudas vigentes: Los restantes 4.3 millones de comparendos que se encuentran en estado pendiente de pago o en cobro coactivo deberán ser revocados de forma inmediata sin que el ciudadano deba desembolsar un solo peso.