El exsenador Musa Besaile Fayad a una pena de 11 años, 2 meses y 22 días de prisión, por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia 

Luis Eduardo Romero

Bogotá

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo histórico al condenar al exsenador Musa Besaile Fayad a una pena de 11 años, 2 meses y 22 días de prisión. La providencia judicial se materializa luego de que el excongresista se acogiera a la figura de aceptación de cargos, en el marco de uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en el departamento de Córdoba: el desvío sistemático de millonarios recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías.

El «Modus Operandi» de la red criminal en Córdoba

La sentencia judicial describe con minuciosidad la conformación de una sofisticada red de corrupción político-administrativa orquestada entre Musa Besaile y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. El objetivo central de esta alianza criminal fue el direccionamiento y la apropiación ilegal de los fondos de la región a través de tres ejes fundamentale

Según el expediente, Besaile y Lyons acordaron de manera premeditada la distribución de comisiones ilegales —o «coimas»— derivadas de la contratación pública. El exsenador instrumentalizó su poder político para asegurar el nombramiento de secretarios de despacho afines a la organización, garantizando así un control absoluto sobre las licitaciones.

La corporación criminal concentró sus esfuerzos en el saqueo de los fondos asignados a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, así como a convenios de mitigación ambiental e infraestructura vial. Los contratos eran adjudicados de manera sistemática a consorcios y fundaciones «de papel» controladas por los mismos implicados.

Las auditorías técnicas forenses determinaron que la administración departamental desembolsó millonarias sumas por proyectos con alarmantes sobrecostos o que, en los escenarios más graves, jamás se ejecutaron, dejando en el abandono absoluto a las comunidades más vulnerables de Córdoba.

Inhabilitación del excongresista

La dosificación de la pena responde a un preacuerdo que permitió al procesado acceder a una rebaja parcial en la tasación de la sentencia tras aceptar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado —en calidad de coautor—, peculado por apropiación agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Además de la reclusión en centro carcelario, la alta corporación impuso a Besaile una inhabilitación perpetua para el ejercicio de derechos y funciones públicas, una determinación que sepulta de manera definitiva su carrera política y su facultad para celebrar contratos con el Estado.

Drásticas sanciones económicas

La condena no se limitó a la privación de la libertad; la magistratura ordenó una severa penalización económica orientada a resarcir el daño causado a las finanzas del departamento, obligando al sentenciado a sufragar tres multas pecuniarias indexadas de la siguiente forma:

Multa por peculado: Una sanción económica tasada en miles de salarios mínimos legales mensuales vigentes, calculada de manera proporcional al detrimento patrimonial determinado por la Fiscalía General de la Nación.

Multa por concierto para delinquir: Una tasación punitiva adicional exigida por la severa afectación a la seguridad y a la moralidad pública que supuso la creación de esta empresa criminal.

Mecanismos de reparación integral: El fallo judicial deja expedita la vía legal para que la Gobernación de Córdoba y el Ministerio de Hacienda inicien formalmente los procesos de cobro coactivo y de extinción de dominio sobre los bienes del condenado, buscando recuperar los caudales públicos que debieron ser destinados al desarrollo social de la región.