La nueva política de EE. UU. restringe el «Ajuste de Estatus», obligando a miles de colombianos legales a tramitar  nuevamente su  residencia desde el exterior bajo el riesgo de fallos «inapelables».  Otros que tramitaron desde su país de origen se les prohibirá la entrada a esa nación. 

Agencias de Noticias 

Estados Unidos 

Una profunda ola de incertidumbre sacude a los inmigrantes legales en los Estados Unidos tras la reciente directiva del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), impulsada por la administración Trump.

La medida restringe drásticamente el tradicional «Ajuste de Estatus», un mecanismo que por más de seis décadas permitió a extranjeros con visas temporales gestionar la residencia permanente sin salir del país.

Ahora, el trámite interno se reservará solo para «circunstancias extraordinarias» y la regla general obligará a los solicitantes a retornar a sus países de origen para completar el proceso por la vía consular.

La nueva política impacta de manera directa a la comunidad colombiana, estimando que entre 18.000 y 25.000 connacionales obtienen la residencia cada año, muchos de ellos mediante este ajuste.

La directriz golpea transversalmente a perfiles con estatus completamente regular, incluyendo a cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses en procesos de reunificación familiar, estudiantes internacionales y profesionales calificados con visas de trabajo que contaban con el patrocinio formal de empresas norteamericanas.

Expertos en derecho migratorio han calificado la medida como «ilógica» y advierten sobre los graves riesgos que enfrentan los solicitantes, destacando la separación familiar indefinida y la pérdida de empleos.

El punto más crítico radica en la «absoluta indefensión jurídica» del procesamiento exterior: a diferencia del trámite interno, un rechazo emitido por un oficial consular en una embajada es prácticamente «inapelable» debido a la doctrina de la «no revisabilidad consular», dejando al afectado bloqueado fuera de EE. UU. sin recurso legal ordinario.

En tanto, diversas organizaciones de derechos civiles y firmas de abogados en EE. UU. ya anticipan una dura batalla en los tribunales federales, argumentando que un memorando interno de una agencia no puede suprimir un derecho explícitamente aprobado por el Congreso estadounidense.