Buena parte de los taxistas en el aeropuerto El Dorado «atracan» a sus clientes con tarifas abusivas, cobrando hasta 400 mil pesos al norte de la ciudad; los usuarios están aterrorizados ante tales excesos.

Andrés Calderón F.

Bogotá D,C: 

Una carrera del norte de Bogotá al Aeropuerto El Dorado por 300.000 pesos. Un trayecto desde el Terminal de Transporte hasta la Plaza de Bolívar facturado entre 50.000 y 80.000 pesos. No, no son tarifas de un servicio de lujo en una capital europea; es la cruda y abusiva realidad a la que se enfrentan a diario ciudadanos y turistas en las calles de la capital colombiana.

Los abusos son innumerables. Bajo la excusa del tráfico, la lluvia, los recargos arbitrarios —y muchas veces sin explicación alguna—, ciertos conductores han instaurado un régimen tarifario paralelo, imponiendo precios absurdos que atentan directamente contra el bolsillo de los usuarios. El patrón es claro y ataca principalmente los puntos neurálgicos de llegada y salida de la ciudad. En El Dorado y el Terminal de Salitre, los pasajeros, vulnerables por el cansancio o el desconocimiento de las rutas, se convierten en presas fáciles de quienes ven en el servicio público una oportunidad para el saqueo sistemático. Las planillas oficiales parecen ser un simple adorno, mientras que los taxímetros «cuando se dignan a usarlos» corren a velocidades inexplicables.

Sin embargo, el problema ha trascendido la mera estafa económica para convertirse en una amenaza contra la vida y la integridad. No se trata solo del cobro excesivo; existe una alarmante colusión entre una facción del gremio y estructuras delincuenciales. Esta nefasta alianza ha derivado en episodios de extorsión, robos bajo modalidades violentas y, en los casos más atroces, secuestros extorsivos donde el usuario es sometido a torturas físicas y psicológicas mientras recorre la ciudad en lo que debería ser un transporte seguro. Abordar un vehículo en ciertos sectores se ha transformado en un acto de fe de alto riesgo.

Ante este panorama, resulta indignante la aparente complacencia y el letargo de las autoridades distritales. ¿Dónde están los controles de la Secretaría de Movilidad? ¿Qué papel desempeña la Policía en estos corredores clave? La falta de sanciones ejemplares y la burocracia que desincentiva la denuncia formal han creado un caldo de cultivo perfecto para la impunidad. Los conductores inescrupulosos «siguen haciendo su agosto» sencillamente porque sienten que en Bogotá, el abuso y el crimen no tienen consecuencias.

Es imperativo que la administración distrital despierte. Se requieren operativos encubiertos, canales de denuncia efectivos que culminen en la cancelación definitiva de licencias y una vigilancia rigurosa sobre las empresas que avalan a estos conductores. Bogotá no podrá ser jamás un destino turístico de talla mundial, ni ofrecer una vida digna a sus ciudadanos, si la experiencia en sus calles sigue siendo la de un asalto disfrazado de servicio público. La movilidad es un derecho fundamental; la extorsión y el miedo no pueden ser la norma.

En el Terminal del Salitre, muchos taxis operan con taxímetros adulterados cobrando hasta 200 mil pesos a Kennedy o 80 mil a la Plaza de Bolívar; ante la complacencia oficial, el miedo al abuso ha vaciado las filas de usuarios.