Rafael Camargo Vásquez
Judicial
En un giro institucional de enorme calado jurídico y político, la Fiscalía General de la Nación ha tomado la determinación de abrir una investigación formal y citar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expediente, que se tramita bajo los parámetros de la Ley 600 (antiguo sistema penal), vincula al exmandatario por su presunta participación u omisión en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La decisión fue adoptada por la fiscal Marcela Abadía, Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una dependencia adscrita a la administración de la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo. Tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado en 2020, el proceso penal abandonó la órbita de la Corte Suprema y pasó a manos del ente acusador, que tras recopilar y evaluar material probatorio ha decidido formalizar el llamado.
Las claves del expediente contra el exgobernador
La vinculación de Álvaro Uribe a los sangrientos hechos ocurridos en el municipio de Ituango (Antioquia) se remonta a su periodo como gobernador de ese departamento entre 1995 y 1997. El caso de El Aro, perpetrado en octubre de 1997 por cerca de 150 paramilitares bajo el mando de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó un saldo de más de 15 campesinos asesinados, torturas sistemáticas y el desplazamiento forzado de centenares de pobladores.
Las líneas de investigación que maneja la Fiscalía y que sostienen este llamado judicial se fundamentan en tres componentes esenciales:
Testimonios de exjefes paramilitares: Las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la justicia transicional han sido determinantes. El excomandante de las AUC ha reiterado que la operación militar en Ituango contó con el conocimiento de sectores políticos y que se facilitó logística e información para consolidar el avance paramilitar en la zona.
El uso de aeronaves oficiales: Múltiples declaraciones de sobrevivientes y operativos señalan el avistamiento de un helicóptero con insignias de la Gobernación de Antioquia sobrevolando la región durante los diez días que duró la incursión armada, presuntamente prestando apoyo logístico o de reconocimiento.
El caso de Jesús María Valle: El abogado y defensor de derechos humanos denunció penalmente y de manera reiterada la inminencia de las masacres y la presunta connivencia entre las fuerzas militares, los paramilitares y la administración departamental. Sus denuncias no fueron atendidas y Valle fue asesinado en Medellín en febrero de 1998, un crimen por el cual la justicia ya ha emitido condenas señalando que su muerte buscaba silenciar las acusaciones contra los altos mandos de la época.
Reacción de la defensa: «Presión política»
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó de inmediato de manera pública tras ser notificado por su equipo jurídico. El exmandatario cuestionó con dureza la oportunidad del pronunciamiento de la Fiscalía Tercera Delegada, calificando la decisión como un «suplicio» y una estrategia de «clara presión política» debido a la proximidad de debates electorales en el país. A lo largo de los años, la defensa del exjefe de Estado ha argumentado la falsedad de los testimonios de los antiguos combatientes, alegando inconsistencias en las fechas de reuniones mencionadas por los testigos —como el caso de menciones a altos mandos militares que ya habían fallecido para la época de los hechos— y sosteniendo la absoluta inocencia del exgobernador respecto a la incursión paramilitar.
El corregimiento de El Aro, en Ituango (Antioquia), tras la masacre de 1997.