El presidente Petro denunció un chantaje de la congresista Arizabaleta, afirmando que buscaba prebendas ministeriales, y vinculó su asesoría legal con la oposición radical. Para el mandatario, esta confluencia de intereses configura una confabulación política destinada a desestabilizar al Ejecutivo a pocos días del balotaje.

Gloria Arizabaleta fue denunciada penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de prevaricato por acción.

Javier Sánchez 

Pollitica 

La confrontación institucional en Colombia ha alcanzado un peligroso punto de quiebre luego de que una célula legislativa del Congreso emitiera una resolución de suspensión provisional contra el presidente Gustavo Petro Urrego. El mandatario reaccionó de forma tajante afirmando que «se ha violado la Ley y la Constitución de Colombia» y denunció la medida como un abierto intento de «golpe de Estado blando». La tormenta política se desató bajo el argumento opositor de aplicar «facultades de control preferente» por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, una maniobra que el Ejecutivo califica como un atentado directo a la separación de poderes.

El núcleo de la controversia radica en la presunta violación del fuero constitucional, diseñado por la Carta Política de 1991 para proteger la estabilidad democrática. Según los artículos 175 y 178 de la Constitución, el único camino legal para apartar al mandatario de su cargo es un juicio político formal que requiere la aprobación de la acusación en la plenaria de la Cámara de Representantes y una posterior votación calificada en el Senado de la República. Al saltarse estos pasos mediante una decisión exprés, la Presidencia denuncia que el Legislativo incurrió en una flagrante vía de hecho y vulneró el debido proceso.

Invocación internacional

Las reacciones a favor del Gobierno no se hicieron esperar. Sectores del Pacto Histórico y ministros del gabinete cerraron filas en torno al presidente, calificando la suspensión de «arbitrariedad legislativa» e invocando el blindaje internacional de la Corte IDH (caso Petro Urrego vs. Colombia), el cual determina que los derechos de un mandatario electo solo pueden limitarse mediante sentencia penal en firme. Asimismo, defensores del Ejecutivo advierten que permitir este tipo de medidas abre una preocupante «ruptura del equilibrio de poderes», dejando la permanencia del Estado a merced de las mayorías políticas de turno en el Capitolio.

Oposición defiende la medida 

Desde la otra orilla, congresistas de la oposición y críticos del Gobierno defendieron la legalidad de la suspensión provisional como una medida cautelar legítima y necesaria para salvaguardar la moralidad administrativa mientras avanzan las investigaciones. Sectores independientes y gremios económicos manifestaron su profunda preocupación por el mensaje de inestabilidad jurídica que se envía al país; no obstante, instaron al presidente a respetar la independencia de las instituciones y a canalizar su defensa a través de los mecanismos legales, rechazando cualquier intento de radicalizar la confrontación en el plano social.

Chantaje, extorsión y el rol de la oposición

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio y arremetió de frente contra la congresista y sus motivaciones. Lejos de verlo como un error procedimental, el mandatario sugirió que la medida responde a una retaliación o presión indebida:

El presidente afirmó públicamente que Arizabaleta habría estado buscando preventas o beneficios del gabinete ministerial. «Quiero que mis ministros confiesen ante la Corte Suprema qué peticiones exactamente pedía», sentenció Petro, señalando estar bajo un esquema de chantaje.

Petro fue más allá y vinculó la asesoría jurídica de la congresista con sectores contrarios a su gobierno. El jefe de Estado aseguró que detrás de la actuación ante la Comisión se encuentra el abogado Juan Carlos Ibáñez, a quien calificó como miembro de su «oposición más radical». Para el mandatario, la confluencia de estos asesores evidencia una confabulación política para desestabilizar al Ejecutivo a pocos días del balotaje.