Basado en datos oficiales, el concejal Samir Bedoya denunció en el Concejo un alarmante esquema de clientelismo en Bogotá, donde solo 139 contratistas acaparan 436 contratos simultáneos por más de $19.200 millones. Esta concentración pone en entredicho la transparencia de la alcaldía y plantea serios interrogantes sobre la viabilidad física y técnica de que cumplan tantas obligaciones a la vez.

Una denuncia del Concejo revela que solo 139 personas acaparan 436 contratos con el Distrito por más de $19.200 millones en lo que va de 2026. Mientras miles de profesionales buscan una oportunidad, la piñata de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) alcanza máximos históricos.

Javier Sánchez

Bogotá D,C.

 La meritocracia y la transparencia en la contratación pública de Bogotá parecen haber quedado reducidas a un discurso de campaña. Una alarmante denuncia basada en datos oficiales de la propia Secretaría General de la Alcaldía encendió las alarmas en el Concejo de Bogotá, al revelar un esquema de concentración contractual que raya con la corrupción y el clientelismo: un selecto grupo de 139 contratistas se ha blindado con 436 contratos simultáneos en lo corrido de este año, acaparando una bolsa presupuestal que supera los $19.200 millones de pesos.

La denuncia, estructurada por el concejal Samir Bedoya Piraquive (Partido MIRA), pone al descubierto una alarmante falta de control en el gasto público y plantea serios interrogantes sobre la viabilidad física y técnica de estas contrataciones.

«Encontramos, por ejemplo, que una sola persona firmó seis contratos de prestación de servicios por $440 millones. La pregunta es: ¿se trata de un privilegio? ¿Quién verifica que estas personas puedan cumplir, al mismo tiempo, todas las obligaciones que firmaron?», cuestionó con dureza el cabildante.

¿Cómo trabajar en tres lugares a la vez?

El análisis de la bancada del partido MIRA desmorona cualquier lógica de eficiencia laboral. Según el expediente, cada uno de los contratistas cuestionados acumula, en promedio, 3,14 contratos concurrentes. El mapa del acaparamiento de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en el Distrito se distribuye de la siguiente manera: 126 contratistas sostienen tres contratos de forma simultánea, 10 tienen cuatro al mismo tiempo y 3 supercontratistas alcanzan la insólita cifra de seis contratos vigentes.

La concentración del dinero es aún más asimétrica: los diez mayores valores contratados concentran, por sí solos, el 17,2% del presupuesto total de este paquete de denuncias.

Más allá del evidente favorecimiento político o el beneficio económico personal, el debate de fondo es el nulo control sobre los productos contratados. Resulta humanamente imposible que un solo profesional cumpla con las intensidades horarias, reuniones, informes técnicos y obligaciones pactadas en tres o más contratos vigentes con entidades distintas de la Alcaldía Mayor, lo que sugiere que el Distrito podría estar pagando por «contratos fantasma» o entregando certificaciones de cumplimiento a ciegas.

Un portazo a la meritocracia: el negocio de la temporalidad

El acaparamiento no solo afecta las arcas de la ciudad, sino que destruye la equidad social. Mientras el desempleo profesional azota a la capital, la concentración en pocas manos le arrebató la oportunidad a cerca de 300 profesionales y técnicos adicionales que cuentan con las hojas de vida aptas para ingresar al sector público pero que se estrellan contra la barrera del clientelismo. El informe revela que las administraciones recientes han convertido las OPS en su fortín preferido, disparando la contratación a dedo en lugar de fortalecer las plantas de personal mediante concursos de mérito.

Las cifras históricas demuestran una tendencia desbocada hacia la temporalidad. En 2023 se registraron 665 contratos anuales como línea base de transición. Para 2024, primer año de la presente administración, la cifra se disparó a 1.223 contratos, lo que representó un incremento del 83%. En 2025 el volumen se mantuvo alto con 1.111 contratos, pero el valor financiero trepó hasta los $76.858 millones de pesos, consolidándose como la cifra anual más alta de toda la serie 2016–2026. La tendencia no da tregua: en lo que va corrido de 2026, la piñata contractual ya suma $42.243 millones de pesos en apenas seis meses.

El cuestionario que la Alcaldía debe responder con soportes

Ante la contundencia de los hallazgos, el Concejo de Bogotá exigió a la Administración Distrital responder de manera perentoria un cuestionario de cuatro puntos clave que busca destapar los nombres de los supervisores que avalan este carrusel:

• ¿Qué entidades del Distrito concentran el mayor número de contratos simultáneos y quiénes son los beneficiarios reales?

• ¿Cuántas de estas OPS corresponden, en realidad, a funciones permanentes que deberían ser cubiertas por personal de planta?

• ¿Qué controles reales aplican los supervisores antes de firmar las actas de cumplimiento de personas con múltiples contratos?

• ¿Cuándo tendrá Bogotá una herramienta tecnológica capaz de cruzar la información contractual en tiempo real para bloquear estas anomalías?

«La Administración debería fomentar la provisión de la planta de personal, garantizar la igualdad de oportunidades y la meritocracia . Bogotá no puede seguir concentrando contratos en pocas manos mientras miles de profesionales esperan una oportunidad», concluuyó Bedoya, dejando claro que el manejo de la contratación en la capital camina sobre la delgada línea de la ilegalidad y la corrupción administrativa.

Mientras tanto silencio absoluto en la administración que orienta el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Es humanamente imposible cumplir con los horarios e informes de tres o más contratos simultáneos en entidades distintas de la Alcaldía. Esta irregularidad administrativa sugiere que quienes pagamos impuestos en Bogotá  podríamos  estar financiando «contratos fantasma» o aprobando certificaciones de cumplimiento a ciegas.