El presidente Petro, fue el primero en denunciar el maga robo de la salud, confirmado por la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF).

El director de la entidad acudirá a la Fiscalía para denunciar a 168 implicados en una red que desvió recursos públicos a fondos internacionales. El FBI rastrea los activos en el extranjero, mientras el presidente Petro señala directamente a Coosalud.

Rafael Camargo Vásquez

Judicial

En lo que se perfila como uno de los golpes más contundentes contra la corrupción administrativa en la historia reciente de Colombia, el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, anunció que radicará ante la Fiscalía General de la Nación un informe de inteligencia de 130 páginas que desmantela un sofisticado entramado criminal dedicado a desvalijar los recursos públicos de la salud.

Se trata de una acción sin precedentes: «Es la primera vez que un director de la UIAF se va a acercar a la Fiscalía General de la Nación a instaurar una denuncia penal contra aproximadamente 168 actores en una red que ha generado una estructura, soporte, para desfalcar los recursos», aseveró Mejía durante un Consejo de Ministros televisado este martes.

La gravedad del caso ya cruzó fronteras. La agencia estadounidense FBI trabaja en conjunto con la inteligencia financiera local para rastrear millonarios flujos de dinero desviados a cuentas en el extranjero. El alcance del delito configura cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad documental.

Radiografía del fraude: de empresas fachadas a billones en el exterior

La investigación de la UIAF puso al descubierto una red criminal de carácter familiar y corporativo. Según detalló Mejía, un grupo de personas naturales —utilizando a familiares cercanos y amigos— consolidó un conglomerado estratégico de empresas fachadas para triangular dineros públicos, movilizándolos de manera fraudulenta desde las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y de allí a cuentas en el extranjero.

La maquinaria contable y empresarial identificada por las autoridades expone cifras alarmantes:

45 millones de facturas sin sustento: Documentos apócrifos que fueron ingresados al sistema a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para cobrar dineros que nunca tuvieron soporte real.

83 contadores y revisores fiscales: Profesionales de las finanzas plenamente identificados que operaban como los arquitectos y el soporte técnico del desvío de los activos.

Empresas implicadas: El rastreo financiero amarra a 17 EPS con vínculos societarios ocultos, 25 representantes legales y juntas directivas completas, además de 43 personas jurídicas que incluyen a tres entidades del sector financiero.

El presidente Gustavo Petro intervino en la sesión para ponerle nombre propio al escándalo, revelando que el epicentro del rastreo apunta a Coosalud EPS —entidad que congrega a más de 3,5 millones de afiliados— junto a otras prestadoras. El mandatario señaló además que detrás de la operación se encuentra uno de los mayores distribuidores farmacéuticos del país, cuyos contratos globales rozan los 35 billones de pesos.

«Ya descubrimos que 5 billones de dinero público destinado al pueblo de Colombia están en fondos internacionales, incluido Estados Unidos», denunció de forma tajante el jefe de Estado.

Movimientos en efectivo: la sombra de la opacidad

Uno de los focos de mayor alerta para la UIAF y las agencias norteamericanas radica en que tan solo dos de las personas investigadas concentran cerca de $20.000 millones de pesos. El 50% de esa millonaria cifra se movió enteramente a través de transacciones en efectivo.

«Cuando la plata se mueve en efectivo se vuelve difícil rastrear esos recursos», explicó Mejía, confirmando que la opacidad del dinero físico fue la herramienta predilecta para ocultar el origen de los recursos del lavado de activos.

Escándalo paralelo: mercado de votos en las legislativas

La comparecencia del director de la UIAF no se limitó al desfalco sanitario; el funcionario soltó otro bombardeo judicial al anunciar denuncias penales masivas por fraude electoral durante los comicios al Congreso de la República.

La Unidad tiene listos los expedientes para denunciar penalmente a cerca de 2.900 colombianos identificados como los determinadores financieros y encargados de pagar por la compra de sufragios, así como a unos 3.200 ciudadanos que vendieron sus votos en la contienda legislativa.

Mejía advirtió que la ofensiva legal apenas comienza: tras las elecciones del próximo 21 de junio, la inteligencia financiera entregará a la Fiscalía nuevos paquetes de «noticias criminales» con las irregularidades financieras detectadas durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

$5 billones de la salud colombiana fueron desviados hacia fondos internacionales