A pesar del éxito diplomático en Washington, figuras políticas con escaso reconocimiento intentan capitalizar el escándalo para deslegitimar la gestión presidencial.

Rafael Camargo Vásquez

Judicial 

La reciente gira presidencial por los Estados Unidos, calificada como un éxito diplomático, se ha visto ensombrecida por la difusión de un audio de alias «Pipe Tuluá». El cabecilla de «La Inmaculada», en vísperas de su extradición, asegura poseer evidencias de financiación ilícita en la campaña de 2022 a través de Juan Fernando Petro, involucrando supuestas gestiones ante organismos estatales.

Analistas sugieren que el testimonio del capo podría ser una maniobra desesperada para obtener beneficios judiciales en el exterior, cuestionando el timing de estas revelaciones justo cuando se define su envío a una corte norteamericana.

Juan Fernando Petro ha descalificado las acusaciones como una «infamia», señalando que las pruebas gráficas son montajes digitales diseñados para desestabilizar al Gobierno y revivir tesis políticas ya debatidas.

Ante la presión de la oposición, el presidente Gustavo Petro ha ratificado la extradición de Marín Silva, enviando un mensaje de intransigencia frente al crimen organizado: «No me hago elegir por asesinos».

A pesar del éxito diplomático en Washington, figuras políticas con escaso reconocimiento intentan capitalizar el escándalo para deslegitimar la gestión presidencial. Estos sectores, que históricamente han impulsado acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, buscan hoy convertir las conjeturas de un criminal en su principal plataforma de visibilidad.