Angie Alejandra Rodríguez Morales, fue muerta de un disparo por parte de un agente la policía

Luis Eduardo Romero

Judicial 

Una profunda ola de indignación ciudadana, plantones y denuncias colectivas sacude a la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, tras la muerte de Angie Alejandra Rodríguez Morales, una joven madre de 27 años, en medio de un procedimiento policial en el barrio Villamaría (primer sector). El trágico hecho ha vuelto a poner bajo la lupa el accionar de los uniformados adscritos al CAI de La Gaitana, una sede policial con un crítico historial de cuestionamientos por presunto abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza.

Versiones encontradas: ¿Requisa o legítima defensa?

Alrededor del suceso existen dos narrativas drásticamente opuestas que hoy confrontan a los allegados de la víctima con la versión de la institución:

«La familia de la víctima sostiene que Angie Alejandra fue requerida para una requisa de rutina que desencadenó en una discusión».

«Denuncian con vehemencia que el uniformado accionó su arma de dotación y le propinó un disparo por la espalda mientras se encontraba indefensa».

«Aseguran que la joven no portaba armas, no era una delincuente y dejó huérfanos a una niña de nueve años y a un bebé lactante de un año».

«Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó un reporte preliminar bajo la tesis de una supuesta legítima defensa».

«La institución argumenta que la ciudadana presuntamente atacó previamente al agente utilizando un arma blanca durante el procedimiento».

«Mencionaron además supuestos antecedentes de la víctima, señalamientos que sus familiares desmintieron de forma categórica».

El rastro de violencia ligado al CAI Gaitana

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Mesa por la Reforma Policial, manifestaron un enérgico rechazo ante el homicidio. Las plataformas civiles recordaron de inmediato los trágicos precedentes del 9 de septiembre de 2020, jornada en la cual funcionarios de este mismo CAI ejercieron violencia armada sistemática contra civiles en el sector. Para las ONG, este nuevo suceso evidencia una alarmante falta de aplicación del Decreto 1231 de 2024, norma que regula estrictamente el uso de la fuerza bajo principios internacionales de necesidad y proporcionalidad.

Estado de la investigación

Frente a los reclamos sociales de que el uniformado presuntamente implicado aún no ha sido procesado formalmente bajo la justicia ordinaria penal, las autoridades reportaron el estado de las actuaciones administrativas y judiciales:

«El policía involucrado de forma directa en el disparo fue apartado de sus funciones y de su cargo de manera preventiva».

«La institución abrió de oficio una investigación interna disciplinaria y el caso fue puesto inicialmente a disposición de la Justicia Penal Militar y Policial».

«Con el fin de garantizar la transparencia, el arma de dotación oficial utilizada para disparar fue incautada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación».

Colectivos sociales como Casa Memoria Suba, junto con los allegados de la víctima, continúan adelantando velatones pacíficas y marchas hacia el CAI Gaitana para exigir que la Fiscalía General de la Nación asuma plenamente la competencia del caso en la justicia ordinaria, ordene una captura formal y evite que la muerte de la joven sea cobijada por la impunidad institucional.