El panorama energético en Colombia se encuentra en el centro de un fuerte debate político y sectorial tras conocerse los pormenores detrás de la construcción de una nueva planta térmica. Este proyecto desató el malestar del presidente Gustavo Petro hacia su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, poniendo de manifiesto las profundas tensiones internas en el Gobierno por la dirección de la transición energética y el papel de los grandes capitales privados en los proyectos estratégicos del país.

El escándalo ha alcanzado su punto más álgido debido a que el primer mandatario calificó públicamente la aprobación de este proyecto termoeléctrico a gas como una «alta traición al corazón del programa de gobierno» y advirtió de manera tajante que el funcionario «debe responder». A pesar de la gravedad de estas declaraciones, formalmente no se ha consolidado la salida del jefe de la cartera.

Las claves de la controversia sectorial

La disputa se originó por la viabilidad y aprobación de un proyecto de generación de energía térmica a base de combustibles fósiles, una tecnología que choca directamente con la bandera de descarbonización y transición ecológica que promueve el jefe de Estado.

El malestar de Petro con el ministro Edwin Palma radicó en la falta de alineación ideológica y técnica en la gestión. Mientras que la cartera de Minas y Energía evaluaba la planta bajo criterios de suficiencia energética y prevención de apagones, desde la Presidencia se interpretó el aval como una concesión a los esquemas tradicionales de generación contaminante.

 El Ejecutivo ha insistido en que los funcionarios de su gabinete deben priorizar las energías limpias —como la eólica, la solar y el hidrógeno verde— y frenar la dependencia de las termoeléctricas, las cuales considera un modelo obsoleto que perpetúa el negocio de los combustibles fósiles en beneficio de unos pocos conglomerados.

El factor empresarial y la defensa técnica

Detrás del desarrollo de esta infraestructura se encuentra una de las figuras más influyentes del sector y de la infraestructura en el país: el empresario William Vélez Sierra, líder del conglomerado multimillonario Grupo Ethuss. La participación de Vélez Sierra intensificó la reacción del Gobierno, el cual ha mantenido una postura sumamente crítica hacia los grandes empresarios tradicionales que, según la narrativa oficial, han concentrado históricamente la contratación y los recursos estratégicos del Estado para beneficio de intereses privados.

Frente a los duros cuestionamientos, el ministro Palma ha salido a defender públicamente los resultados de la subasta energética, explicando que se priorizaron mayoritariamente energías limpias y argumentando que él responde políticamente por el proceso de cara a asegurar el suministro nacional. Desde el entorno del proyecto y de los gremios energéticos se respalda esta postura, bajo la premisa de que las plantas térmicas de respaldo son indispensables para garantizar la seguridad energética y evitar racionamientos durante fenómenos climáticos extremos como El Niño, proporcionando una fuente de energía constante que las renovables aún no pueden asegurar por completo.

Este choque deja en evidencia las fracturas internas respecto a cómo ejecutar la transición sin poner en riesgo el abastecimiento. La presión ejercida sobre el ministro Palma refleja la rigidez con la que la Casa de Nariño evalúa el cumplimiento de sus directrices ideológicas, limitando el margen de maniobra de sus técnicos frente a las realidades operativas del sistema eléctrico colombiano donde, por el momento, el funcionario sigue figurando en el ejercicio de sus funciones.