Editorial


 

Prueba definitiva

El Congreso de la República de Colombia es quizá el  más cuestionado por la opinión pública, especialmente en la  corrupción. A pocos días de iniciarse el periodo legislativo 2012-2013, el Congreso se encuentra en lo que popularmente se ha dado en llamar «el ojo del huracán».

 

El «golpe de Estado» que se fraguó contra la Constitución Nacional para favorecer intereses de parapolíticos y delincuentes comunes, sigue en la memoria de la  gente del común; sin embargo, los congresistas, en vez de corregir algunas «metidas de pata», continúan alimentando a los críticos mediante sus acciones déspotas.

 

Buena parte de los endiosados congresistas, sin tener en cuenta el pasamiento del país, actúan de manera mezquina; piensan  en sus intereses, nunca en sus electores o los habitantes comunes y corrientes de Colombia.

 

Ahora, los congresistas tendrán que resolver el tema de la elección del secretario general del Senado y de la Cámara de Representantes, funcionarios que, además de ser muy bien remunerados, han tomado un poder sin antecedentes, especialmente en el Senado de la República.

 

En el Senado se prevé la reelección, por sexta vez consecutiva, del polémico Emilio Otero, quien cuenta con una serie de sindicaciones, que van desde diversos delitos hasta la adquisición de costosas propiedades. Sin embargo, a los congresistas que hace poco quieran aforarlo con el propósito de blindarlo ante la serie de denuncias con el engendro de «reforma a la justicia», no les importa; quieren reelegirlo para seguir beneficiándose de las determinaciones que tome ese funcionario, que no tiene ninguna rubicundez.

 

Es triste saber que el secretario general del Congreso tenga más poder que treinta senadores, que firmaron una proposición para apoyar  al señor Otero.

 

Algunos congresistas quieren rectificar el rumbo del Senado, y por ello han cuestionado la mencionada reelección, a pesar de arriesgarse a perder una serie de beneficios que otorga el funcionario de marras.

 

El 20 de julio vamos a ver si el Congreso quiere convivir con la fama de la corrupción, o si por el contrario aspira a presentar hechos concretos ante la opinión pública, para que esta, a su vez, vuelva a creer en el poder Legislativo, que está totalmente desprestigiado.

 

Algunos congresistas, a quienes consultamos, nos indicaron que el Congreso pasó a la picota como consecuencia del «lavatorio de manos» del presidente de la República, sobre la malograda «reforma a la justicia».

 

En consecuencia, los congresistas afrontarán dos confrontaciones: una, con el jefe de Estado, y otra, con la opinión pública.