Las estaciones colapsan bajo el peso de la sobrepoblación, mientras que en los buses el hacinamiento transforma el trayecto en una tortura diaria que vulnera la dignidad de los bogotanos. Este caos es el síntoma de un sistema en ruinas donde el maltrato al usuario se ha convertido en la norma de una movilidad indigna.

Primicia Diario

Bogotá no camina, se empuja. En las entrañas de la Avenida Caracas, el sistema TransMilenio ha dejado de ser una solución de movilidad para convertirse en un escenario de supervivencia. Lo que los directivos defienden en fríos informes presupuestales, dos millones quinientos mil usuarios lo padecen como una condena diaria. Bajo el asfalto y en los puentes metálicos, el sistema ha colapsado y, con él, la dignidad del pasajero.

Entrar a una estación en hora pico es acceder a un «corral humano». Los articulados, esas orugas rojas que alguna vez fueron orgullo de exportación, hoy se cierran a presión, comprimiendo cuerpos y esperanzas. En ese ecosistema de la estrechez, la delincuencia y la patología han encontrado su agosto. «TransMilenio se puteó», sentencia con crudeza una usuaria mientras aprieta un dispositivo de choques eléctricos, su única defensa contra los degenerados que aprovechan el sobrecupo para convertir el viaje en una tortura de humillaciones y tocamientos.

La seguridad es un fantasma. Mientras la administración gasta sumas multimillonarias en campañas publicitarias que nadie atiende, la realidad en los pasillos de las estaciones es otra: vendedores ambulantes que han colonizado cada metro cuadrado y habitantes de la calle que ingresan por puertas averiadas ante la mirada indolente de la Policía. «El compromiso es portarnos bien con ellos», confiesa un indigente, revelando un pacto de impunidad que reina en las estaciones.

El contraste es exasperante. Mientras los usuarios viajan hacinados «como salchicha en lata», por las troncales desfilan flotas vacías con el letrero «en tránsito», una burla luminosa que alimenta la furia ciudadana. Esta sistemática violación de los derechos humanos ha provocado un éxodo masivo: cerca de un millón de pasajeros han abandonado el sistema para refugiarse en la compra de motocicletas, trasladando el caos de las estaciones a unas calles bogotanas ya colapsadas.

Sin embargo, para la dirigencia política, la solución es un espejismo llamado Metro. Las voces críticas advierten que el proyecto no pasará de ser unos cuantos «centímetros» de avance real, pues está diseñado para servir como un simple alimentador de TransMilenio, el negocio predilecto que la oligarquía y los politiqueros de turno defienden con ferocidad. Es un círculo vicioso de rentabilidad privada y miseria pública: cada año se justifica el alza del pasaje y se inyectan subsidios por varios billones de pesos del erario, una bolsa de recursos donde funcionarios y concejales parecen tener reservada su tajada.

Bogotá hoy viaja con estrés, con miedo y con la certeza de que su sistema masivo ya no transporta ciudadanos, sino cautivos de una inoperancia que enriquece a unos pocos mientras condena al resto al asfalto y la humillación.

Incluso la infraestructura de los puentes cede ante el peligroso sobrecupo de las estaciones, mientras las autoridades solo se manifiestan para autorizar alzas arbitrarias en las tarifas de un servicio que roza lo inhumano. Esta desidia estatal premia la ineficiencia empresarial a costa de la seguridad y el bolsillo de un ciudadano condenado al hacinamiento.